La condonación de una deuda de $40 millones a la Seabord Corporatión compromete al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, al Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato y a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal.
Luego de la denuncia de la concejal Lucía Rojas, hoy suspendida por denunciar el supuesto acuerdo para perdonar una deuda de 40 millones a la empresa extranjera Seaboard Corporation, que explota el ingenio El Tabacal, el sitio Salta Entre Lineas publicó un conjunto de e-mails que serían probatorios. Estos contienen copias del acuerdo, bajo el cual se informa de una habilitación de la misma empresa, bajo otro nombre.
Entre quienes participaron de la conversación, se encuentran el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, el Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato y la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal. En el intercambio de correos eléctronicos, se da cuenta de la existencia de un acuerdo, bajo el cual se fueron incluyendo modificaciones para que la empresa Seaboard Corporation, con conocimiento del intendente de Yrigoyen, Jorge Gallardo, siga funcionando, pese a que tenía una deuda que supera los 40 millones.
Al respecto, López Arias dijo que “No hubo ningún acuerdo, esta es una cosa tan de locos que me causa mucha gracia. A mí me hablan desde el gobierno nacional, me llega la información de que si no le revalidaban la habilitación a la empresa El Tabacal, que se llama Seaboard ahora, inmediatamente le dejaban de comprar biocombustible y si lo hacían nos quedábamos con 1500 desocupados en Yrigoyen, entonces como ministro de gobierno intervine en eso”, y agregó: “Inmediatamente hablé con el intendente (Jorge Gallardo), con la gente del ingenio y también con los concejales, para comentarles esta preocupación que teníamos por esta situación social. El tema de la habilitación es una facultad exclusiva del ejecutivo municipal”.
Por su parte, y contradiciendo al ministro López Arias, se manifestó el concejal oranense Iván Mizzau que dijo que “queda claro que en Hipólito Yrigoyen hay un cuarto poder que es el que ejerce la empresa Seaboard. Si hoy sale el ministro López Arias a desmentir esto hay unos mails que llegan al Concejo Deliberante donde queda en evidencia que quien estaba manejando toda la situación es el ministro López Arias en conjunto con el presidente del Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen (Carlos González)”.
Respecto de la deuda, Mizzau junto con la concejal Rojas, pudieron acceder a información que constata que la deuda supera los 40 millones, lo que representaría un tercio del presupuesto total que maneja el municipio.
En ese sentido, López Arias dijo que estaba enterado de la que la compañía extranjera había propuesto un plan de pago, el cual se establecía bajo el acuerdo al que se había llegado con el ex intendente Nicanor Sosa. Cabe destacar que la concejala Rojas, en la denuncia que hace, explica que el acuerdo al que Sosa había llegado con Seaboard también se encontraba por fuera de la legislación municipal y en el que se estableció montos fijos e irrisorios, pese a que en la ordenanza vigente se establece que la tasa debe ser del 0.043% del balance general.