Esta semana se confirmó el presagio, una vieja conocida como la empresa Agrotécnica Fueguina seguirá a cargo del servicio de Higiene Urbana, al quedar como la única oferente en el proceso licitatorio lanzado por la municipalidad de Salta. En el Concejo se planteó que los controles pueden garantizar la calidad de la prestación. ¿Qué indica la experiencia?
La concejal Romina Arroyo, quien preside el Bloque Salta Tiene Futuro, resaltó en la última sesión la intervención de sus pares en la Mesa de Diálogo, manifestando que allí se planteó el saneamiento ambiental incorporando tecnología en el vertedero San Javier y la separación de residuos.
“El buen servicio que pueda dar Agrotécnica Fueguina va a depender mucho de la responsabilidad de los controles por parte de la Municipalidad de Salta. Los controles hacia esta empresa deben ser eficientes para tener una Ciudad sustentable y amigable con el medio ambiente”, enfatizó la edil en la sesión a distancia.
Ante una realidad como la descripta y entendiendo que es elemental el control a la prestadora, también es fundamental tener presente que la discusión no puede empezar de cero por el simple hecho de que haya tenido lugar este año el fin del contrato de concesión. Mucho más, si se trata de la misma empresa a cargo de un servicio tan amplio.
¿Qué indica la experiencia?
El abogado ambientalista y representante legal de la demanda de los vecinos del vertedero por contaminación, Luis Segovia, ha seguido de cerca la problemática de la gestión de residuos. En diálogo con Opinorte, consideró que «el control en la gestión de los residuos urbanos necesita divorciarse de las afirmaciones abstractas y de los buenos deseos. Existen obligaciones concretas que los actores institucionales y responsables de la gestión han incumplido en los últimos 20 años».
«En primer lugar, es preocupante lo que pasa con la información pública. El municipio tiene el deber de crear un sistema de información pública sobre lo que hace en la gestión de los residuos, no basta que cada tanto los concejales hagan una comisión para opinar sobre el tema o que pidan informes y los discutan en el recinto. Esa información debe ser pública y accesible», añadió.
Incumplimiento de plazos claves
Segovia indicó que se deben respetar los plazos fijados debido a que se ha violado varias veces fijado para garantizar que la recolección selectiva llegue a toda la ciudad, y en general, su alcance ha sido regresivo.
«Este año, según la ordenanza 15415, se debería abarcar el 100 por ciento de la ciudad, pero eso no va a pasar. Y algo similar puede decirse de las mejoras tecnológicas para el vertedero. Este será el quinto año que se promete lo mismo y no pasa nada. Mientras tanto el Estado permite que la prestataria arroje los residuos sobre un módulo clausurado en 1999. Es decir, en vez de recuperar el ambiente, lo vuelven a afectar», manifestó el especialista.
Compromiso ciudadano
«Es alarmante lo que pasa con la participación ciudadana. No hay registros de que los vecinos alguna vez hayan sido llamados a una audiencia pública para ser informados y participar por lo que pasa en el vertedero San Javier. Eso es una afrenta a la democracia. Los técnicos y funcionarios pueden jactarse del buen funcionamiento del vertedero, pero la gente afectada de esos lugares no piensa ni viven lo mismo. El gobierno debe establecer metas concretas para mejorar la calidad de vida de esos vecinos», planteó Segovia.