Una información reciente podría llevar a juicio político al Juez de la Corte de Justicia de Salta, quien en febrero ya tenía claro que ocuparía un lugar en el Máximo Tribunal y conformó una sociedad comercial a fines de mayo.
Se trata de la firma “Los Viñacos SAS (Sociedad de Acciones Simplificadas), inscripta para las siguientes actividades económicas: inmobiliarias, agropecuarias, avícolas, ganaderas, pesqueras, tamberas, vitivinícolas, comunicaciones, espectáculos, editoriales, gastronómicas, hoteleras, turísticas, inversoras, financieras y transporte.
Como socios de Los Viñacos figuran José Ignacio Lupión, Magdalena Day Aráoz, Bernardo Sayus y José Horacio Aguilar
La sociedad está inscripta el 28 de mayo de 2020 y fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 20 de julio. En este punto surge, por lo menos, una incompatibilidad ética por parte del Juez de la Corte de Justicia.
En Febrero de 2020, el Gobernador Gustavo Sáenz dio instrucciones para el inicio del proceso de participación pública a cargo del ministerio de Gobierno y luego del mismo, el 11 de abril el pliego de Aguilar fue enviado al Senado provincial, el cual lo aprobó en sesión especial el 11 de junio.
La Ley provincial %.297 es muy clara en referencia a las incompatibilidades de un Juez de Corte. En su artículo primero plantea: “El ejercicio de la magistratura judicial, Ministerio Público y Secretaría, de cualquier instancia, es incompatible con toda actividad política, con el ejercicio del comercio, con la realización de cualquier actividad profesional salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge, de los padres o de los hijos y con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario. No estará permitido el desempeño de cargos de institutos de enseñanza de cualquier nivel, públicos o privados, salvo la docencia e investigación con la autorización previa y expresa, en cada caso, de la Corte de Justicia”.
De acuerdo a lo informado por la Subsecretaria de Registro de Estado Civil y Personas Jurídicas, Verónica Miranda al semanario Cuarto Poder, quien elaboró un desarrollado informe sobre el tema, no existe registro de cesión de acciones por parte de Horacio Aguilar.
En consecuencia y hasta que no se constate lo contrario, al incurrir en tan grotesca incompatibilidad y violación flagrante de la ley vigente, podría corresponderle un juicio político, tal como lo planteó la integrante del FOCIS, Sonia Margarita Escudero.
Cabe recordar que el procedimiento indica que es la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la que plantea una acusación y el Senado define sobre la misma. La comisión la preside el añejo Pedro Sández, su vicepresidenta es la diputada oranense Patricia Hucena y además forman parte de la misma Socorro Villamayor, Marcelo Oller Zamar, Germán Rallé, Javier Diez Villa, Daniel Sansone, Franco Hernández Berni y Manuel Santiago Godoy.