La Cámara de Diputados de Salta reformuló un proyecto de ley y lo terminó aprobando como una simple “declaración”, con lo cual la idea de adherir a una importante Ley Nacional, quedó reducida a una mera manifestación de buena voluntad. ¿La bajada de línea fue para preservar intereses corporativos?
En el acta de Labor Parlamentaria de Diputados figuraba el proyecto de ley para adherir a la Ley Nacional 27.324 de Régimen de Promoción de Pueblos Rurales Turísticos. La norma plantea la selección de diferentes localidades productivas en el ámbito rural que cuenten con potencial turístico para ser apoyadas en su desarrollo desde el ministerio de Turismo de la Nación y del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), con promociones generales y segmentadas para quienes buscan ese tipo de circuitos.
La Ley nacional es clara en cuanto a la posibilidad de potenciar la actividad turística en una provincia como Salta, que se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país elegidos tanto por visitantes nacionales como del exterior.
El planteo de adherir a la Ley Nacional tenía precisamente el propósito de desarrollar el turismo como actividad económica y planteaba el desafío de extenderlo a localidades de Departamentos que hoy no forman parte del circuito turístico tradicional (Cabra Corral-Cafayate-Cachi.
Al parecer, lo que en la lógica se muestra como un desarrollo y expansión, para algunos operadores del Grand Bourg (puntualmente del Ministerio de Turismo) lo entendieron como una “dispersión” de los beneficios. Poco importó, por ejemplo, que desarrollar el circuito de “pueblos rurales turísticos” contribuía a un objetivo medular de la actividad: aumentar el pernocte de los visitantes.
Una mera declaración
La Ley nacional 27.324 establece taxativamente en su artículo tercero que “Las provincias seleccionarán pueblos en su jurisdicción”, los cuales deberán ajustarse a las características propias de la Ley. Esto significa que la adhesión a la Norma nacional planteaba una obligación inicial al ministerio de Turismo de Salta, lo cual se evitó cuidadosamente.
Al cambio, lo que se aprobó fue una Declaración en la que la Cámara de Diputados “vería con agrado que el ministerio de Turismo gestione la selección de pueblos rurales que posean algún atractivo para el desarrollo turístico”.
Lamentablemente los intereses mezquinos hicieron perder una nueva oportunidad para Salta.