El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, se refirió a la conflictividad social que se puso de manifiesto desde hace un mes en Salta y que si bien tuvo como eje el paro docente, se ha extendido a otros sectores y a escenarios atípicos, como la región minera.
En una improvisada conferencia de prensa anunciada sobre la hora, el ministro Marcelo Domínguez expuso una posición política basada en una preocupación del gobierno y tiene que ver con el desgaste y la necesidad de recordar a la población, el resultado de las elecciones del pasado 14 de mayo, en las que el gobernador Sáenz fue reelecto.
En el marco del informe sobre el veto parcial a la Ley Antiprotestas, sostuvo: “Básicamente haber escuchado a sectores que se han pronunciado en contra de la norma, entendiendo que tiene tintes restrictivos de derechos, a los sectores del trabajo para conciliar de la mejor manera posible la situación social que estamos viviendo en estos día. Parecería que ha pasado mucho tiempo desde el 14 de mayo cuando la ciudadanía se expresó dando un respaldo a este gobierno con una diferencia de más de treinta puntos al segundo candidato”.
La preocupación es evidente y a priori, el desgaste propio de varias semanas de conflictividad, es una amenaza. Hay quienes llegaron a advertir un estado de “conmoción social” en la provincia, que tiene como particularidad su extensión geográfica.
Hay que tener en cuenta que no hay un foco definido, sino que se registran protestas en todas las regiones y hubo picos en Salta Capital con marchas masivas al menos en cinco ocasiones. También hubo cortes en Campo Quijano, Cafayate (con serios incidentes), La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Quebrachal, Joaquín V. González, General Güemes, Colonia Santa Rosa, Orán, Mosconi, Tartagal, Aguaray y Rivadavia Banda Norte.
Todo ello demuestra la extensión de la problemática, sin embargo, el corte sobre la Ruta Nacional 51 a la altura de San Antonio de los Cobres, es la postal menos esperada por la ciudadanía en general y por el Gobierno en particular. Allí confluyeron comunidades originarias, empleados de empresas transportistas y trabajadores de Salud y Educación autoconvocados.
Ocurre que el conflicto se presenta en la zona donde las “inversiones” se cuentan en millones de dólares a raíz del boom minero que explota litio, cobre y oro en la puna salteña.
Es importante que el Gobierno se notifique de que un mero resultado electoral, por más amplio que sea, no transforma la deteriorada realidad social de Salta, no obstante, también es importante que tal preocupación no tenga que ver con las próximas elecciones nacionales en las que además de presidente, Salta elegirá cuatro diputados nacionales.