El artículo 124 de la Constitución Nacional establece claramente que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”. En consecuencia, la prédica falaz contra la nacionalización, que ya forma parte de la campaña electoral, es una impostura.
Lo que a priori puede parecer como una torpe maniobra electoral, se puede resignificar en un virtuoso debate en torno a las incógnitas que genera el aprovechamiento de un recurso estratégico –y sobre todo valioso- en una provincia pobre como Salta.
De manera decisiva, la discusión ya forma parte de la campaña de cara a las PASO nacionales del 13 de agosto. En esto, el titular de la empresa estatal REMSA S.A. (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Beto Castillo, que también es precandidato en “Juntos por el Cambio”, fue el primer adelantado y apelando a sus típicas bravuconadas, criticó a la precandidata a diputada nacional Lía Verónica Caliva, porque según él, está proponiendo nacionalizar el litio.
Durante la presentación de la lista “Unión por la Victoria”, que tiene como principales candidatos a Jesús Ramón Villa, Verónica Caliva y Jorgelina ‘Koky’ Juárez como precandidatos a diputados nacionales y al Parlasur, respectivamente, hubo una respuesta a los candidatos del oficialismo provincial.
Es importante recordar que la lista “Unión por la Victoria” compite en las PASO con la lista “Unión por Salta”, que está encabezada por Pablo Outes-Yolanda Vega, dentro del frente “Unión por la Patria” (ex FDT). Por lo tanto, lo manifestado por Outes o por Castillo respecto al litio, no hace más que resaltar que el saencismo tiene apuestas en las dos principales alianzas e incluso en los tres principales candidatos a presidente de la Nación (Massa, Larreta y Bullrich).
Más allá de esto, es interesante caer en cuenta que cualquier referencia del precandidato Pablo Outes respecto al litio -y a la minería en general-, inevitablemente lo vincula al funcionario provincial del área, Beto Castillo y con ello en cómo se interpreta en la ciudadanía la explotación del mineral que demanda el mundo tecnológico.
A juzgar por lo que derivó el conflicto de docentes y personal de salud autoconvocados de mayo y junio, cuando los piquetes se asentaron en la Ruta Nacional 51, se advierte un fuerte escepticismo respecto a si el litio hará un aporte decisivo para que Salta salga de su lugar de atraso y pobreza, donde sigue siendo dificultoso que se garanticen servicios elementales como agua potable entre otros.
Extranjerización
Verónica Caliva fue la encargada de plantear la cuestión del litio, recordando que la nacionalización del recurso es algo que está impedido por la Constitución nacional, pero fue muy aguda en señalar que la explotación y exportación del valioso mineral no corre por cuenta y orden de la Provincia sino de compañías multinacionales extranjeras, sobre las cuales los controles para el pago de regalías y exportaciones son más que laxos, a tal punto que en toda la ruta del litio, no existe ni siquiera una báscula para mensurar la riqueza que se extrae del suelo salteño.
Es importante recordar que la Ley provincial 8.229 de Regalías Mineras (reformada en 2020), establece que “el importe de la regalía minera será del tres por ciento sobre el valor de boca-mina del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación” y que las mismas se fijan en base a “declaraciones juradas”. Esto implica que las regalías que se pagan, no se calculan en base al costo del litio que se exporta, sino al precio en su instancia de materia prima.
Castillo, había salido al cruce de la diputada Caliva, declarando que propone “entregar al litio a la Nación”. La respuesta no se hizo esperar: “Es un desvergonzado porque el único entregador es él y además lo hace a intereses foráneos de la Argentina y de la misma Salta. Beto Castillo entrega nuestro litio por monedas, es el principal defensor del lobby internacional”, replicó.
Como se observa, el aprovechamiento del litio ha ingresado de lleno en la deliberación política provincial y puede trascender el mero debate electoral. En ese contexto, los candidatos del oficialismo provincial quedan en desventaja. (PRA)