Es noticia estos días en Salta por los diferentes medios de prensa el Organismo que debe administrar los aportes/contribuciones de esos profesionales, destinados a integrar un Fondo que les permita percibir un haber digno al cumplir la edad establecida o sobrevenirles alguna incapacidad. Por Luis A. García Vidal
La Caja fue creada por ley provincial en épocas de gobiernos militares hace más de medio siglo. Para un organismo previsional no es un gran pasado, se trata de integrar y administrar un Fondo Previsional que debe servir esencialmente al fin de su creación: Otorgar y pagar un haber jubilatorio razonable a los abogados y procuradores que ejercieron en la Matrícula salteña y cumplieron la edad prevista. Y subsidiariamente si la salud financiera del Fondo lo admite otorgar otros beneficios a los profesionales matriculados.
La crónica estos días de que algún o algunos empleados de la Caja han sido sorprendidos ejecutando maniobras para quedarse con los aportes de los profesionales en una cantidad aún no establecida, un fraude, ha sacudido la aparente tranquilidad con la que todo parecía transcurrir en la Caja.
La apariencia de esos días es sólo eso. Quienes percibimos haberes jubilatorios de la Caja estamos sorprendidos desde hace tiempo porque a los magros montos percibidos de ningún modo puede calificárselos de “dignos”. Ya eran bajos al iniciarse el actual proceso inflacionario, pero ahora han perdido actualidad hasta el punto de constituir una muy pobre retribución.
La Caja jamás publica estudios de Auditorías o Estadísticos, tratándose de que administra un Fondo Previsional. Todo allí es secreto, sus autoridades se repiten cada período, por lo que cabe preguntarse si no habrá otros abogados que quieran integrar la Dirección del Organismo.
La “vocación de servicio” de estos colegas directivos de la Caja aparece notable por su persistencia si se sabe que por esa tarea no reciben retribución. La página web de la Caja está quieta, allí nada que interese para explicar los bajos haberes, o las auditorías u otros estudios patrimoniales se publican. Tampoco se conoce nada acerca de la administración de los inmuebles que la Caja posee, y su rentabilidad.
Tampoco se publicó si la Dirección de la Caja ha habilitado algún otro tipo de beneficio a letrados de la Matrícula, es decir que no tienen edad jubilatoria, y cómo se administran.
Todo este oscurantismo que ha revelado el hecho delictivo que habrían cometido empleados del Organismo tornan imperativa la reforma de la Ley Orgánica de la Caja.
Es imprescindible acordar representación a las minorías, hoy circunscripta a una simple participación en órgano de control, deben prohibirse las reelecciones indefinidas de miembros de su Consejo de Administración, y hacer obligatoria legalmente la publicidad de las Auditorías y estudios Estadísticos por lo menos en el sitio web del Organismo.
Basta de “asuntos confidenciales”, es una Entidad pública y como tal debe ser administrada, y también basta de quedarse “a vivir” en la dirección del Organismo.