La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de ley, en el que se incorpora un capítulo sobre sanciones contra la identidad digital de las personas al Código Contravencional de Salta, contenido en la Ley 7135. En uno de los artículos, se establecen sanciones a quienes realicen publicaciones en las que se entienda que hay algún tipo de desacreditación a funcionarios.
Una vez más, el oficialismo de la Cámara de Diputados sorprende con un proyecto de ley de autoría múltiple, en el que se atentan contra garantías constitucionales y las libertades democráticas.
Sucedió este martes en la Legislatura provincial, a partir de la media sanción que se otorgó al proyecto que modifica la Ley Contravencional y que en uno de sus artículos se esconde un blindaje inadmisible a funcionarios públicos.
Es importante tener presente que el actual oficialismo provincial tiene antecedentes en esta materia, en primera instancia con la supresión del tramo de Manifestaciones en las sesiones de Diputados durante el primer tramo de éstas y las limitaciones notorias que se les impuso durante los últimos tres años y medio. Además, hay que recordar que al modificarse la Ley de Ministerios, a fines de 2019, se le otorgaron fueros a los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, como lo tienen quienes fueron electos que cuentan con mandato popular a través del sufragio. El último antecedente es reciente y tiene que ver con la sanción de la Ley Antiprotestas, que por su escandaloso e inconstitucional contenido, fue vetada parcialmente.
Al polémico artículo
“Artículo 50.- Será sancionado con arresto de hasta veinticinco (25) días o multa de hasta veinticinco (25) días el que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”, indica el contenido del artículo sancionado este martes.
Sobre el particular, se habilitan una interminable cantidad de dudas respecto a qué se entiende por desacreditación y si quien la determina. Hasta hace muy poco y durante muchos años, el juez Contravencional en los hechos fue el jefe de policía, actualmente ese rol lo ejercen los jueces de los Juzgados de Garantías, en cualquier caso, ambos cuentan con el aval explícito del Poder Ejecutivo, sólo que en el caso del funcionario judicial, requiere el acuerdo del Senado.
Inconstitucionalidad
La diputada capitalina Sofía Sierra, consideró que el “desacreditar a personas o autoridades oficiales”, es algo “totalmente inconstitucional”, agregando que “es muy peligroso para la democracia blindar a funcionarios públicos, ya que va en contra de los estándares de libertad de expresión”.
Ante ello, habrá que esperar el abordaje de este proyecto en la Cámara de Senadores, y aunque se hayan escuchado voces poniendo expectativa en la figura del senador capitalino Emiliano Durand (por su condición de abogado y periodista), es muy improbable que tenga una intervención determinante, tal como lo indican sus antecedentes, marcados por su escasísima labor parlamentaria.
Además, lo que se comenta es que desde el Grand Bourg han presionado a la Legislatura para que esta ley se sancione para disciplinar a la prensa en el proceso electoral de cara a las PASO de agosto y a las generales de octubre.
Los autores
Los siguientes diputados son autores del polémico proyecto de ley: María del Socorro Villamayor, Osbaldo Francisco Acosta, Esteban Amat Lacroix, Moisés Justiniano Balderrama, Roberto Angel Bonifacio, Federico Miguel Cañizares, Gonzalo Caro Dávalos, Laura Cartuccia, Ernesto Gerardo Guanca, Patricia del Carmen Hucena, Víctor Manuel Lamberto, María del Socorro López, Fabio Enrique López, Gustavo Javier Pantaleón, Patricio Peñalba Arias, Martín Miguel Pérez, Germán Darío Rallé, Francisco Fabio Rodríguez (con Licencia), Juan Carlos Francisco Roque Posse, Rogelio Guaipo Segundo, Ricardo Germán Vargas y Lino Fernando Yonar.