El fallo de la Corte Suprema que deja sin efecto la condena improcedente a Santos Clemente Vera, confirma el carácter del Poder Judicial de Salta como garante de la impunidad, a tal punto de avasallar garantías constitucionales e incluso contrariar la normativa vigente (Código Procesal Penal). Mientras tanto, el crimen de las turistas francesas tiene culpables libres.
Poco es lo que se puede rescatar como positivo del servicio de Justicia en Salta si ha mantenido preso durante más de diez años a un ciudadano sin pruebas concluyentes en su contra y con un fallo de absolución de por medio, en un juicio regular.
En efecto, Santos Clemente Vera estuvo más días preso que un condenado por un delito penal grave contra la integridad sexual, por ejemplo. Todo esto, ante la mirada y revisión de la Corte de Justicia de Salta que avaló groseramente la improcedencia, posiblemente en resguardo de algún oscuro pacto de impunidad que sostenga la premisa de tener gente presa ante un doble crimen que sacudió las entrañas de poder provincial y motivó la atención de los gobiernos de dos países, Argentina y Francia.
Vera había sido juzgado en el año 2014, estaba acusado de los delitos de robo con arma de fuego, dos hechos de abuso sexual agravado y dos homicidios calificados contra las turistas francesas en 2011. Nada de ello pudo ser probado, pero llegó preso a esa instancia.
Los jueces Ángel Longarte y Bernardo Ruiz lo absolvieron por el beneficio de la duda, mientras que el tercer integrante del Tribunal de Juicio, Carlos Pucheta, votó por su absolución lisa y llana debido a que consideró que no fue autor de los hechos criminales.
El fallo fue recurrido ante la Sala III del Tribunal de Impugnación por el fiscal interviniente y por un acusador particular y a partir de allí se consumó otro oprobio moral y una aberración jurídica inconstitucional, porque ese tribunal de segunda instancia, integrado por los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, revocaron la sentencia absolutoria contra Vera sin tener competencias legales para ello y -lo que es peor-, sin haber participado del juicio lo condenaron a prisión perpetua “injustificadamente” sin “la realización de un nuevo juicio que asegure tanto la inmediación y la oralidad como la posibilidad de ser oído”, indicó la Corte Suprema de Justicia en su reciente sentencia.
El tribunal de Martini y Arias Nallar cometió la peor de las torpezas y actuó contrariando lo que establece el Código Procesal Penal (Ley 7690), de manera flagrante y alevosa, por lo que les correspondía la acción del Jurado de Enjuiciamiento y de la Superintendencia del Poder Judicial, aunque claro, ésta última en manos de la Corte provincial.
Toda esta pesadilla para un hombre trabajador, cuyo empleador le conservó su puesto como jardinero durante los primeros años que estuvo preso hasta lograr su absolución en 2014, no tuvo al Poder Judicial como garante de la justicia, todo lo contrario, fue la Corte de Justicia de Salta la que ratificó plenamente la acción ilegal, improcedente y perversa del Tribunal de Impugnación y confirmó la condena en segunda instancia en el año 2016.
Desde entonces y hasta la fecha, Vera volvió a convertirse en un inocente preso y los jueces, que ocupan sus cargos por designación y voluntad del poder político, parecieron actuar en consecuencia (o en condescendencia).
En 2016 la Corte salteña estaba presidida por Guillermo Catalano, un hombre que llegó al máximo tribunal provincial no por trayectoria judicial o excelencia jurídica, fue por su vínculo estrecho con el poder político provincial tras varios años como apoderado del PJ y secretario legislativo del Senado provincial.
Contra Santos Clemente Vera, el aparato institucional del Estado provincial ha actuado con saña, con la perversidad propia de quienes posiblemente persiguen o avalan algún tipo de encubrimiento aberrante. En lugar de Santos Clemente Vera no se puso nadie con funciones de responsabilidad pública, probablemente porque ninguno de esos actores perseguía la verdad sino simplemente el punitivismo que tienda a cerrar la historia con gente presa.
Por el contrario, Michelle Bouvier, papá de Cassandre, una de las víctimas, fue un activo militante por la libertad de un inocente. Cómo es esto posible y por qué lo hace, nos preguntamos una y mil veces en Salta, y la respuesta no tarda en aflorar como parte de la lógica y el sentido común: ese Padre busca la verdad, el Poder Judicial no, lo demostró desde la etapa de instrucción, que estuvo a cargo del juez Martín Pérez.
Fue durante esa etapa fundamental del proceso donde se cometieron las peores y más llamativas torpezas, no se preservaron los elementos de prueba, se “plantaron” otras y hasta se apeló a torturas y vejaciones para solicitar testimonios.
El exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien ya en 2016 había configurado a gran parte de la Corte de Justicia con sus designaciones, no es ajeno a todo este oprobio que le robó más de diez años de vida a un inocente y privó a su familia de su presencia y rol. Fue durante su Gobierno cuando se cometió el doble crimen que puso en la mira a “los hijos del poder” en Salta.
Tras el fallo de la Corte Suprema, que anula la sentencia apelada y vuelve el expediente al tribunal de origen, la gran pregunta es ¿quién se hace cargo del perjuicio enorme que le causó el Estado provincial a Santos Clemente Vera? Los funcionarios judiciales seguramente no, será la provincia, es decir todos, incluso quienes advirtieron el cruel atropello, los que terminen pagando.
Por otra parte, legítimamente corresponde preguntarnos cuántos atropellos similares al que se perpetró contra Vera se cometen por año, cuántos inocentes que no contaron con la intervención extranjera (Francia) en su auxilio, son enviados a la cárcel. La reprobación a la casta judicial salteña es enorme, lamentablemente sus responsables, difícilmente paguen sus culpas.
Por Enrique Briones