Una serie de hechos protagonizados por una funcionaria del Poder Judicial conducen inevitablemente al menos a dos interrogantes ¿se aplica protección judicial interna? ¿La imparcialidad de la justicia se encuentra garantizada en Salta?
Una funcionaria judicial que se desempeña como secretaria letrada en un Juzgado de Familia, posee cinco causas en su contra que se tramitan en el mismo fuero donde se desempeña. Existen dos pedidos expresos por reasignar funciones de manera preventiva, hasta tanto se resuelvan las causas judiciales que la tienen a ella como parte actora o demandada, pero la justicia desoye los pedidos, convirtiendo a esa instancia judicial de Familia en una suerte de ‘gallinero custodiado por el zorro’.
Otra circunstancia inadmisible tiene que ver con que el juez donde se tramita el expediente que involucra la funcionaria judicial en cuestión (Juzgado del fuero de Familia), se excusó formalmente alegando la existencia de una relación con la polémica secretaria.
Sin embargo, a pesar de la solicitud fue reconfirmado por la Cámara Civil y Comercial y sigue siendo el juez interviniente en las cinco causas. En las altas esferas parecen no haberse notificado de otras circunstancias en las que también se objetó el carácter corporativo que se le asigna al Poder Judicial de Salta y que fue observado hasta por la propia Corte Suprema en diciembre último.
Las causas
Entre las causas a cargo del juez interviniente, una de las principales tiene que ver con un expediente de nulidad matrimonial, por las segundas nupcias de la funcionaria aparentemente influyente o al menos protegida.
El proceso en su contra lleva más de ocho años a la espera de un avance, algo que no ocurre por la constante y sistemática obstaculización interna interpuesta de manera minuciosa, valiéndose de un detallado conocimiento procesal para tal cometido.
El trámite busca incorporar pruebas existentes en un expediente canónico de las primeras nupcias de la funcionaria con un ciudadano español, que le serían muy desfavorables. Además, hay otras pruebas muy graves, que evidencian estafas económicas a partir de ventas irregulares de bienes de la pareja.
Dentro del expediente de nulidad, existe una medida de prueba anticipada que fue ordenada en sentencia por la Corte de Justicia de Salta pero que fue desoída por el fuero Familia.
Se trata, en los hechos, de una asombrosa forma de desobediencia a la jerarquía judicial que no tiene justificativos, sobre todo si se tiene en cuenta la facultad de superintendencia con la que cuenta el máximo tribunal provincial, lo que implica nada menos que el Gobierno del Poder Judicial.
Además de los extraños direccionamientos internos (contigüidad más que física) la misma funcionaria intenta impedir y amedrentar, respondiendo con distintas denuncias formuladas ante Juzgados Penales y de Violencia de Género por cada acusación o acto de defensa que se realiza en su contra y ante cada prueba que se aporta, malgastando además recursos muy necesarios por los ciudadanos.
Esta última circunstancia implica que se le destine una consigna policial, con móvil incluido desde febrero pasado, en su domicilio ubicado en un barrio privado de la Capital, lo que no sólo representa un costo operativo, sino que es una falaz utilización del concepto de violencia género, el recurso que tanto costó al movimiento de mujeres durante muchísimos años.
En el accionar de la funcionaria judicial, que cumple tareas en una de las áreas más sensibles del Poder Judicial de Salta, figuran también denuncias por amenazas a través de cartas documento al Tribunal Eclesiástico, para que no entregue las pruebas en su contra.
Toda esta maraña burocrática y de relaciones se pone en funcionamiento solo para que una causa particular no siga el curso normal de investigación, algo que ocurre no sólo por el vergonzoso entramado social que tal vez tienda a esconder miserias comunes, sino también porque la mujer en cuestión está de ambos lados del mostrador.
Es importante tener en cuenta que los secretarios y prosecretarios letrados ocupan ese cargo tras rendir concursos ante tribunales integrados por un juez de la Corte, el juez del Juzgado, y un delegado del Colegio de Abogados. Esto significa que la calificación alcanzada en su momento, debería ser revalidada para constatar si no existe inhabilidad sobreviniente.
Si bien las causas citadas forman parte de asuntos privados, es claro que en el accionar judicial salteño se incurre en otra variable de morosidad en el servicio de Justicia, para lo cual se activa casi en concurso real la protección interna, la burocracia y ciertas relaciones personales que se traducen en protección.
