Una investigación de Auditoría de la Nación dio cuenta que en Taco Pozo, Chaco, casi el 10% de los habitantes gozaba de una pensión por invalidez. La auditoría, a cargo del fiscal federal Carlos Amad, imputó a trece personas, entre ellas, el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibañez y su hija, como así también un médico salteño de Joaquín V. González.
Rafael Lenin Azañero Anaya es el profesional salteño que habría firmado cientos de certificados truchos para los habitantes del Chaco y también otras provincias, según la investigación.
El médico salteño se desempeñó como entre 2011 y 2019 como personal médico en Hospital “Dr. Oscar H. Costas” de Joaquín V. González. Lugar al que llegó temporalmente después de la licencia por cargo político que se le otorgo Alejandra Navarro, actual senadora por ese departamento.
En comunicación con Infinito 96.5, Amad relató: “ese señor aparece varias veces firmando certificados que a mi criterio son todos truchos porque a una persona que se torció el tobillo no se le puede dar una discapacidad del 80%”.
“Empecé a hacer las investigaciones correspondientes yo inicié pedidos de allanamientos y encontramos mucha documentación que nos vinculaba a las personas que estábamos investigando con papelitos que íbamos encontrando como cuadernos en los que había cuanto habían pagado, como se repartían la plata y claves fiscales”, indicó.
El fiscal detalló que las 13 personas están imputadas por falsedad ideológica, fraude en perjuicio de la administración pública y por ser miembro o integrante de una asociación ilícita.