En el marco de los desmontes ilegales que fueron denunciados por agrupaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace, la ministra Bibini está buscando conciliar con las partes involucradas. En ese sentido, se reunió con la organización y los invitó a que formen parte de la recientemente creada Agencia de Protección Ambiental de Salta.
La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se reunió ayer con directivos de Greenpeace a fin de invitar a la organización para que se sume a los equipos técnicos de la Agencia de Protección Ambiental de Salta, que será creada en las próximas semanas. Del encuentro participó también el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, en cuya oficina se desarrolló la reunión.
Bibini informó que también serán convocadas Vida Silvestre, Proyungas, Ceibo, Somos Parte y FARN, entre otras entidades, y ratificó que la convocatoria está abierta para aquellas entidades que quieran sumarse al equipo de trabajo. «La nueva agencia subsumirá todas las funciones para garantizar el estricto cumplimiento de las normas para el desarrollo sustentable para los salteños», señaló.
El dirigente regional de Greenpeace, Hernán Giardini comentó que el desmonte es un «delito penal» y la ministra lo invita al control de la extracción ilegal de madera, que «será castigada con severidad». Giardini es el dirigente más directo y hostil que se manifestaron en ámbito ambiental, en los últimos años, contra el Gobierno salteño. Recientemente denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al empresario Alejandro Braun Peña, con inversiones en Salta, y a su antecesor en Greenpeace y ahora diputado nacional del PRO Juan Carlos Villalonga. Giardini dice ser objeto de una campaña de amenazas y difamación.
Para el Gobierno de Salta, un acercamiento con Greenpeace resulta una prueba de fuego, aunque está dispuesto a pasarla «sin claudicar en las atribuciones y las necesidades de la provincia».
La Agencia de Protección Ambiental fue creada por decreto hace cinco días, con el propósito de ampliar la superficie de áreas protegidas, aunque como ya se publicó en un artículo anterior de este medio, las medidas que quiere aplicar el gobierno en su tardío cuidado y protección a los bosques nativos son inviables. Luis Segovia, abogado ambientalista respecto al anuncio de Bibini y Urtubey remarcaba que “Sobre lo que si se conoce, me parece que esa declaración va a generar o agravar los conflictos. Recordemos que esos lotes están en juicio internacional. Ahí habitan comunidades wichis, y criollos. Otro aspecto a considerar es el financiamiento del sistema. Esto se hace principalmente por los Fondos nacionales de la ley de Bosques, que nunca fue conformado según la ley. En su momento de mayor esplendor tuvo una conformación del 13% de los que correspondía por ley, y actualmente no llega ni al 4%. Apenas hay presupuestados 500 millones para repartir en todas las jurisdicciones del país”.