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miércoles, noviembre 18, 2026

Advierten sobre maniobras judiciales para evitar indemnizar a Santos Clemente Vera

El abogado Luis Caro Figueroa, publicó una columna en la que analiza el contenido de la sentencia del Tribunal de Impugnación, que declara el sobreseimiento del hombre que estuvo diez años tras las rejas por una acusación sin fundamentos.

La trampa judicial para evitar el pago de una indemnización a Santos Clemente Vera

La sentencia de la Sala IV del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta que se ha conocido el pasado lunes 30 de diciembre, último día hábil judicial antes del receso estival, ha abierto la discusión acerca de la oportunidad y la extensión de la reparación económica que el Estado salteño adeuda a Santos Clemente Vera, encarcelado por más de siete años en virtud de una sentencia dictada con exceso de jurisdicción y violación del procedimiento local.

Uno de los abogados de Vera, el señor Roberto Reyes, ha dicho en un medio de comunicación que la Corte de Justicia de Salta y el Tribunal de Impugnación deben «pedir perdón públicamente» y efectuar un «reconocimiento rotundo» de que el sistema judicial salteño no solo condenó a su cliente sin pruebas, sino que también «arruinó su vida sin ningún tipo de responsabilidad».

Precisamente es esta responsabilidad la que se encuentra en serio entredicho a estas horas.

Ni la Corte de Justicia ni el Tribunal de Impugnación van a pedir perdón ni a reconocer ningún error. No lo van a hacer ni que el mundo se les venga encima, porque si llegaran a hacer cualquiera de estas dos cosas estarían contradiciendo la decisión exculpatoria que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados adoptó calculadamente el pasado mes de mayo de 2024.

En aquella ocasión, con la firma de la mismísima presidenta Teresa Ovejero Cornejo (que también es titular de la Corte de Justicia), el Jurado declaró que el error judicial de los jueces Luciano Ignacio Martini Bonari y Rubén Eduardo Arias Nallar (al que el mismo Jurado dio el eufemístico nombre de «irregularidades») era solo una «valoración subjetiva» del denunciante José Miguel Gauffin y que tales «irregularidades» no eran ni por asomo idóneas «para determinar su incompatibilidad con la continuidad en el ejercicio de sus funciones» (las de los jueces denunciados).

No solo el Jurado de Enjuiciamiento no habla de error judicial. Tampoco lo hace la sentencia de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, conocida anteayer, que con sutil perversión dice que Vera lleva «a la fecha, más de diez años absuelto», pero omite mencionar en todo momento que el «absuelto» pasó diez años en la cárcel ¿En Salta se encarcela a los absueltos y a los condenados se los pone en libertad?

Existe un serio riesgo de que quieran aplicarle a Santos Clemente Vera el artículo 568 del Código Procesal Penal de Salta, que regula la indemnización debida en los casos de error judicial que propicie una condena a pena privativa de la libertad.

Pero se trata, a mi juicio, de una trampa.

Básicamente porque el error judicial al que se refiere este precepto no depende de la percepción subjetiva de ningún operador jurídico, o del propio condenado, sino de la previa existencia de una sentencia favorable al perjudicado que ha ejercido la acción de revisión.

La sentencia de 30 de diciembre, que declara extinguida la acción penal contra Vera por haber excedido la justicia salteña el tiempo «razonable» de juzgamiento impide a Vera ejercer la acción de revisión y, por ende, le priva de la indemnización tasada del artículo 568 CPPS.

La sentencia que en 2016 lo condenó falsamente ya no existe y no puede ser revisada por ningún tribunal. Pero los años de Vera en la cárcel no han desaparecido, como no lo han hecho los tremendos perjuicios que ha sufrido por un encarcelamiento sumamente injusto e inusualmente prolongado.

Pero en el caso de que la primera trampa no llegase a funcionar adecuadamente, los partidarios de negarle a Vera la reparación extensa y exhaustiva a la que tiene derecho, piensan echar mano de la absurda previsión del artículo 568 en el sentido de que la indemnización debida a los encarcelados por error judicial debe calcularse «sobre la base del salario mínimo, vital y móvil», pero no del actual, sino del que hubiera regido durante el encarcelamiento. Esto es, sin posibilidad ninguna de actualización por inflación o depreciación de la moneda.

Si se llegara a aplicar este precepto, Santos Clemente Vera podría ser arreglado con unos pocos miles de pesos.

Es deber de quienes velan por los intereses de Vera y hasta aquí han defendido valientemente sus derechos oponerse a este plan diabólico y dar batalla para que el daño producido por nueve jueces (siete de la Corte de Justicia y dos del Tribunal de Impugnación) que según la Corte Suprema de la Nación se apartaron del derecho vigente y provocaron unos perjuicios enormes a una persona sometida a proceso penal y a su familia, sea reparado de una forma integral, sin límites ni prejuicios.

La reparación económica, cualquiera sea su cuantía, no devolverá jamás a Vera los diez años de su vida que ha perdido por un empecinamiento que parece inexplicable; pero, cualquiera sea la explicación que se le quiera dar, esta explicación solo contribuirá a profundizar la degradación de las instituciones de Salta y a poner de manifiesto su imperdonable falta de humanidad.

Vera no solo tiene derecho a una compensación económica por el tiempo de detención, el lucro cesante y el daño moral. Se le debe resarcir por el daño a su reputación, el daño a su familia (sin perjuicio de que su cónyuge ejerza una acción civil por su cuenta), el daño que se deriva de las condiciones de detención en Villa Las Rosas y el daño psicológico por el larguísimo tiempo que tuvo que esperar a que la Corte Suprema resolviera un recurso que pudo haber resuelto en no más de dos años.

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