Tras el controvertido proyecto para dejar sin cobertura médica a los futuros jubilados del IPS, el gobernador dio marcha atrás en medio de un fuerte rechazo social y político.
En una muestra de desconexión con la realidad social, el gobernador Gustavo Sáenz intentó avanzar con un proyecto enviado a la Legislatura que quitaba la cobertura médica del Instituto Provincial de Salud (IPS) a quienes accedieran a la jubilación. La decisión, que afectaba directamente a miles de trabajadores próximos a retirarse, fue comunicada sin anestesia y generó un inmediato repudio de amplios sectores de la ciudadanía.
La reacción no tardó en llegar e incluso dirigentes de su propio espacio manifestaron un rechazo a la iniciativa. El argumento oficial, que hablaba de una supuesta “sustentabilidad del sistema”, no logró calmar los ánimos. Por el contrario, expuso una falta de sensibilidad frente a una población especialmente vulnerable: los adultos mayores.
La presión social se convirtió en política. Algunos de los “estrategas” del gobernador notaron que, de avanzar con el proyecto tal como estaba, generarían un desplome de la imagen del gobernador. La posible pérdida de capital político fue un golpe que Sáenz no estuvo dispuesto a asumir.
Acorralado y sin apoyo visible, el mandatario reculó. Sin ponerse colorado, Gustavo Säenz dijo que su proyecto “se malinterpretó” y que “generó un poquito de angustia en ese sector al que amo profundamente” y sin reconocer abiertamente el error.
La realidad fue más cruda: el miedo a perder el respaldo popular y a aislarse políticamente pesó más que cualquier excusa técnica.
Este episodio deja al descubierto la fragilidad de una gestión que, ante la primera tormenta seria, se muestra dubitativa y errática. La falta de una estrategia clara y el cálculo electoralista terminaron revelando una conducción más preocupada por su supervivencia que por el bienestar de los salteños.