El edil enfrenta una tormenta política y judicial y todo se encamina para llevarlo a un juicio político en el Concejo Deliberante. Silencios, cálculos y especulaciones.
El caso de Pablo López sacudió al Concejo Deliberante de Salta -y a la política salteña- como pocos escándalos en los últimos años. El edil fue denunciado por su expareja y exempleada, quien lo acusó de exigirle un porcentaje de su salario y de pedirle favores sexuales para “achicar” ese pago. La gravedad de la denuncia, sumada a la evidencia filtrada en audios y mensajes, instaló el debate sobre su permanencia en el cargo en diciembre, cuando debería asumir nuevamente. Hoy, su futuro se define entre pasillos, reuniones reservadas y la presión pública.
El día clave será mañana, cuando se lleve a cabo mañana una sesión extraordinaria, donde se tratará la renuncia presentada por López. En diálogo con FM Infinito, la concejal del PRO Agustina Álvarez indicó que “él ya presentó la renuncia, entonces el cuerpo tiene que decidir si acepta o rechaza la renuncia y si la rechaza se activa el juicio político que está previsto en la Carta Municipal”.
Mientras algunos pocos concejales se refugian en la “presunción de inocencia”, otros, la mayoría de los oficialistas, tienen la firme voluntad de rechazar la renuncia y avanzar con el juicio político. Consideran que López no puede irse sin enfrentar las consecuencias de sus actos.
Permitirle una salida por la puerta trasera sería, según argumentan algunos ediles, una señal de impunidad. El juicio político, en cambio, podría implicar una sanción ejemplar que evite futuros abusos de poder dentro del cuerpo legislativo.
López, por su parte, optó por el silencio estratégico. No hizo declaraciones públicas ni mostró señales de arrepentimiento. Apuesta a que el escándalo se diluya con el tiempo o que sus pares no consigan los votos necesarios para removerlo. Una jugada riesgosa, que podría volverse en su contra si la indignación social se transforma en presión política real.
La ciudadanía, harta de privilegios y doble vara, como la que aplica López en cada intervención en el Concejo Deliberante, sigue con atención lo que suceda. Lo que está en juego no es solo la suerte de un concejal cuestionado, sino la credibilidad del cuerpo legislativo en su conjunto.
Pablo López ya enfrenta la condena social. Ahora solo falta saber si también enfrentará la sanción institucional que corresponde.