Mientras crece la cantidad de accidentes en las rutas, la violencia en el interior y en los barrios no para. La ausencia del Estado es total y el ministro parece más un espectador que un funcionario.
Salta arde por dentro. No solo por el clima o la tensión social creciente, producto de la profundización de las políticas de ajuste del Gobierno nacional, sino también por una crisis estructural en materia de seguridad que ya no puede maquillarse. Cada día se registran nuevos accidentes viales fatales y hechos de violencia urbana que reflejan una realidad desbordada. El Estado, ausente. La conducción política, invisible. Y los salteños, cada vez más vulnerables.
El caso más reciente y doloroso fue en Orán, donde encontraron sin vida a una joven en una esquina de la ciudad de Orán, señalada como uno de los lugares en donde se vende droga. “Nadie controla nada. Siempre pedimos más presencia policial, pero no hay respuesta”, denunció una vecina”, dijo una vecina a los medios oranenses.
Además, en las últimas horas se reportaron una gran cantidad de siniestros viales en las rutas salteñas. En ese sentido, las estadísticas se disparan. Los muertos ya no son cifras sino nombres, rostros, familias rotas. La falta de control, la permisividad en las rutas y la nula política de prevención muestran una desidia criminal por parte de quienes deberían garantizar algo tan básico como el derecho a la vida.
En el sur provincial, Rosario de la Frontera vive una situación alarmante: peleas entre bandas y una sensación de inseguridad que se ha vuelto rutina.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad no dan abasto, y las respuestas del Ministerio brillan por su ausencia. En muchos casos, los vecinos sienten que están más protegidos cuando se organizan por su cuenta que cuando esperan la acción oficial.
El problema no es nuevo, pero se agrava con una gestión errática que evita el diagnóstico real y recurre a discursos vacíos para tapar una evidente falta de planificación. Salta necesita una política de seguridad seria, profesional, con presencia real en el territorio. Hoy, lo que hay es abandono y un ministro, Gaspar Solá, cada vez más ausente y al que la mayoría no le conoce la cara.
El gobierno de Gustavo Sáenz ha demostrado una preocupante incapacidad para hacer frente a esta emergencia. Mientras los muertos se acumulan y los barrios se militarizan informalmente, la conducción política solo atina a mirar para otro lado. Y cuando el Estado se retira, el caos avanza.
