La alta dirección de Salud Mental, igual que en las encuestas del marketing político de esta época, «No sabe/No contesta» sobre las estadísticas que registra de autolesiones, fatales o no, de las personas. La anomia estadística como grave riesgo.
(*) Por Rodolfo Ceballos
Un rasgo de la política pública de salud mental en la provincia es la anomia estadística. En las redes la intervención de Salud Mental es acción sin datos (al menos públicos). Y si los hubiera, la ausencia de transparencia en los números será una falta de confianza en la vigilancia epidemiológica que se realiza.
Pero no todo es opaco si se hace una inferencia aún con las cifras publicadas y desactualizadas.
En Salta, en el 2023 (último año de estadística conocida), por cada cien mil habitantes, hubo más suicidios (139) que homicidios (4,3).
La tasa de suicidios en Salta (13,5) superó, en 2022, a la media nacional (6,7).
La situación revela un caso paradigmático de anomia estadística en el ámbito de la salud mental provincial, con implicancias éticas, institucionales y políticas.
No rendir cuenta pública sobre lo que gestiona la agencia estatal de salud mental, es el síntoma de una ruptura entre el registro técnico y la responsabilidad del sistema.
Existe una ausencia de trazabilidad pública: no se informa qué datos sustentan la adhesión a la campaña de prevención del suicidio. ¿Qué perfiles etarios, territoriales, institucionales están siendo priorizados? ¿Qué indicadores se usan para definir “riesgo” o “urgencia”?
Los últimos datos publicados corresponden a dos años atrás, lo que vulnera el estándar de la Organización Mundial de Salud que exige, al menos, un monitoreo anual, el desagregado por sexo, edad y método utilizado y todo ese trabajo bioestadístico está sometido al escrutinio de la sociedad.
Es tal el desangelamiento de la salud mental provincial que se invirtió la lógica epidemiológica. Los que deciden no observaron el semáforo rojo que encendió el amateurismo en una política de Estado que, por ley, es materia de salud pública.
Si la tasa de suicidios superó ampliamente la de homicidios, no hay evidencia de que esta desproporción haya generado una respuesta adecuada en recursos, dispositivos o protocolos.
La adhesión de Salta a la campaña mundial de prevención del suicidio en septiembre se presenta como un gesto simbólico, pero sin sustento técnico ni comunicacional.
. No se percibe que la comunidad conozca las hipótesis epidemiológicas que se están trabajando, lo que vulnera el principio de publicidad de los actos en salud pública. Toda esta información es de interés particular y muy sensible para la población.
No hay participación de actores que no fueron convocados en campañas anteriores, por ejemplo, las personas asistidas con la posvención que se realiza, o los medios de comunicación, llamados a hacer una co-construcción de estrategia para la prevención y el tratamiento informativo del suicidio, según los cánones del buen periodismo. Se reproduce una lógica verticalista, tecnocrática, rutinaria, sin impactos comunitarios, solo intersectorial con la Policía, Educación y otros agentes de reparticiones estatales. Se pesca en la pecera.
Falta una campaña profusa en la divulgación, además de la explicada en el parte de prensa del Grand Bourg. La cuestión debe entrar en la agenda de la conversación pública, quedar bien visibilizada en todos los medios y dialogar con editores, periodistas y comunicadores. La política para la prevención del suicidio parece diseñada por aficionados.
Todo lo dado hasta aquí no es solo una falla técnica: es una forma indirecta de neutralizar la demanda y convertir la prevención en un espectáculo más de la administración pública.
La gestión del suicidio en Salta debe estimular un gran conocimiento público sobre los eventos dolorosos que sufren algunas personas, e institucionalizar toda esa información como derecho a la salud mental.
La campaña de septiembre, hasta ahora, es una efeméride más en el calendario de la gestualidad institucional.
(*) Periodista especializado en temas de psicología y salud mental.