Orán, San Martín y Rivadavia seguirán bajo emergencia. El Gobierno insiste con una herramienta que no resolvió nada. La falta de planificación y de políticas sostenidas vuelve a quedar en evidencia.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Sociosanitaria para los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. Es, en los hechos, la confesión más brutal de un Estado sin plan y sin rumbo. Porque tras cinco años de “emergencia” todo sigue igual, lo que está fallando no es el tiempo, sino el Gobierno.
La emergencia fue declarada en enero de 2020 luego de una ola de muertes de niños originarios por desnutrición, deshidratación y enfermedades evitables. Desde entonces, pasaron ministros, comisiones, anuncios, licitaciones y promesas de “trabajo interministerial”. Pero en el norte profundo de Salta, el agua llega muy de a poco, los hospitales siguen sin insumos y las comunidades indígenas siguen esperando lo mismo: vivir un poco mejor.
El oficialismo defiende la prórroga como una “necesidad administrativa” para seguir asistiendo a las zonas críticas. Pero la verdad es otra: la emergencia se convirtió en el disfraz legal de la ineficiencia estructural. Se trata del mecanismo que el Gobierno encontró para tapar su falta de planificación, para seguir parchando lo que nunca se le ocurrió reparar.
Ante la inminente llegada del verano, la situación en la zona es la misma. Los pobladores le temen a la muerte de sus niños y ancianos por desnutrición y deshidratación. Y la respuesta del Estado es siempre la misma: una nueva prórroga de la emergencia.
Los niños del norte salteño (a esta altura salteños de segunda) no necesitan una prórroga: necesitan un Estado que los vea, los escuche y, por una vez, cumpla.