El abogado Emilio Ruiz, representante de los docentes afectados, en diálogo con Infinito FM advirtió sobre graves irregularidades en el accionar de la Junta de Calificación, que sancionó a trabajadores de la educación sin permitirles ejercer su derecho a defensa, a raíz de una capacitación que fue considerada no homologada.
“Ellos compraron un postitulo, contrataron un curso educativo para que les sume puntos en la Junta. Hicieron todos los pasos: cursaron, rindieron los exámenes y tienen su certificado el problema es que ese curso no estaba homologado por los organismos habilitados por el Ministerio, algo que los docentes desconocían», indicó.
“Acá no hay documentación falsa. La documentación está y es correcta. Que no sume puntaje es otra cosa, pero no hay ningún docente que se haya puesto a imprimir un cartoncito trucho”, señaló.
En ese sentido, explicó que la norma de la Junta prevé sanciones solo cuando hay documentación falsa o una conducta dolosa, algo que —según remarcó— no ocurre en este caso.
“La norma dice que cuando se detecta documentación falsa o cuando se omite documentación, ahí sí se puede sancionar. Pero acá no se da ninguna de esas situaciones”, manifestó.
Uno de los puntos más sensibles del planteo es que, según Ruiz, la propia Junta tenía conocimiento previo de esta capacitación y eso influyó en la decisión de muchos docentes de inscribirse.
“Varias docentes consultaron en la Junta porque la capacitación circulaba por Facebook. Preguntaron si había problema y una persona de la Junta, la señora Rodríguez, les dijo que estaba bien, que ya conocían certificados de ese tipo”, recalcó y dijo que «eso le dio un viso de legalidad. Si uno consulta a una autoridad de aplicación y le dicen que no hay problema, es lógico que avance”.
El punto central de la denuncia es el procedimiento aplicado por la Junta. Según explicó el abogado, los docentes están siendo sancionados sin haber sido citados previamente ni haber podido hacer un descargo.
“Lo más grave es que los sancionan sin darles derecho de defensa. No los llamaron, no les pidieron explicaciones, no hubo sumario administrativo”, subrayó.
“Ayer fui a presentar escritos y recursos, y al mismo tiempo notificaron a mis clientes que estaban sancionados. ¿Cómo los van a sancionar si nunca los escucharon?”, sostuvo.
Ruiz advirtió que las consecuencias son graves: varios docentes ya quedaron excluidos del cuadro y no podrán trabajar el próximo año: «tengo al menos cuatro casos en los que ya los sacaron del cuadro y no van a poder participar como interinos en 2026”.
El proceso, explicó, impacta directamente en las inscripciones anuales: «hay un procedimiento: uno presenta la capacitación, la Junta asigna un puntaje provisorio, después hay un período de tacha y recién a mediados o fines de enero sale el puntaje definitivo. Ese puntaje define si vas a poder trabajar”.
Según las estimaciones que manejan, el alcance del problema es mucho mayor: “la cantidad de personas afectadas, por lo que se viene sabiendo, ronda las 800 en toda la provincia. De a poco se van enterando”.
Ruiz aclaró que existe una denuncia penal vinculada a quien dictaba la capacitación, pero subrayó que eso es un tema distinto. “eso va por otro carril. Ahí se investiga a la persona que dictaba el curso. Pero eso no puede usarse para castigar a los docentes”.
El abogado adelantó que, además de los recursos administrativos, buscarán una instancia política e institucional para frenar las sanciones. “la idea es tratar de hablar con la ministra. Ella es abogada y conoce perfectamente que cuando hay una sanción tiene que haber derecho de defensa. Acá eso no existió”.
Por último, remarcó: “lo que correspondería es quitarle puntaje a ese certificado si no corresponde, pero permitir que los docentes participen normalmente. No sancionarlos por algo que ellos no hicieron”.