La Secretaría de Salud Mental y Adicciones de Salta, tras los nulos resultados obtenidos durante 2025, dejó en evidencia que administra cargos y no políticas públicas con impacto comunitario.
Para 2026, la gestión intentó maquillarse con una “refuncionalización”. Ahora cuenta con cinco direcciones que, lejos de articularse, funcionan descoordinadas porque no existe un Plan Provincial de Salud Mental que las vertebre en un mismo objetivo.
La Secretaría, entre el titular y esas direcciones, reúne a seis funcionarios que parecen más un grupo de amigos que un equipo de gestión. La comparación con la serie Friends resulta inevitable: aquellos personajes icónicos repetían “ahí estaré para ti”. En cambio, estos “Friends” salteños ocupan cargos públicos sin asumir responsabilidad política ni rendir cuentas a la ciudadanía.
Las direcciones que se suman al del rol del secretario de Estado son la de Dispositivos de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Redes Sanitarias, Calidad de los Servicios, Gestión Administrativa y Servicios de Salud Mental.
Tienen funciones superpuestas y carecen de criterios definidos para estar en el territorio. No cuentan con protocolos, estadísticas ni planificación que orienten su accionar. Ser director en esta Secretaría se ha convertido en un premio burocrático, con la tranquilidad de no tener que mostrar resultados.
La rendición de cuentas, que debería incluir protocolos, estadísticas y planificación, no forma parte de la cultura de la organización.
La ley nacional de Salud Mental, que Salta aplica de manera selectiva, exige que toda política en la materia sea funcional a la comunidad. Sin embargo, la Secretaría se ha convertido en un decorado oficinesco dentro del Ministerio de Salud: no convoca a usuarios ni organizaciones civiles, ni fomenta la participación comunitaria.
En la provincia existen unas 20 instituciones públicas y privadas dedicadas al abordaje de las adicciones. Todas funcionan como islas, sin compartir indicadores ni coordinar mejoras en el acceso. Las quejas de familiares y usuarios se multiplican en radios y publicaciones, denunciando la falta de agilidad en las prestaciones.
Durante 2025, los seis directores no lograron coordinar criterios homogéneos para satisfacer la demanda que les explotó después de la pandemia. Cada dispositivo actuó según su propia interpretación, generando desigualdad y arbitrariedad.
El gobernador Sáenz, lejos de exigir resultados, refuerza esta lógica de designaciones políticas: nombró a Alba Quintar, abogada y actriz, como coordinadora interministerial para el abordaje de las adicciones, con rango y sueldo de secretaria de Estado. Su continuidad no dependerá de la eficacia, sino de la amistad con el mandatario.
Con esta gestión, marcada por el acomodo y la falta de liderazgo, no habrá mayor cobertura ni accesibilidad.
La Secretaría seguirá derivando a los usuarios hacia un domicilio o un número telefónico, sin asumir un rol activo en el acompañamiento ni en la construcción de políticas de cuidado.
Los auténticos Friends nunca olvidaban de repetir “Ahí estaré para ti”.