Finalmente trascendieron los nombres para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal y el mandatario, en la última etapa de su Gobierno, no optó por prestigiosos juristas, sino por gente de confianza.
Desde su ausencia injustificada, el gobernador Gustavo Sáenz hizo saber que ya definió los nombres para cubrir las vacantes en la Corte de Justicia de Salta, tras vencido el período de Ernesto Samson y Guillermo Catalano.
Para ello, según El Tribuno, dispuso que Martín Plaza, un empleado público con el único antecedente de haber censurado a la prensa, sea el elegido junto a Martín Diez Villa, funcionario del sistema judicial que ocupa el cargo de defensor general (perteneciente al Ministerio Público), de cuya función poco y nada se conoce, más allá de haber promovido la limitación del servicio de defensores oficiales.
CENSURA Y SUELDO DE MINISTRO
Martín Ignacio Plaza es recordado por haber incurrido en un flagrante acto de censura a la prensa, al exigir a un medio (FM 750 Salta) que levante una nota en la que se cuestionaban decisiones de Gobierno de Gustavo Sáenz. Las presiones terminaron precipitando el cierre de ese medio y el silenciamiento de una voz crítica.
Tras ello, Plaza fue ratificado en el cargo de delegado en la Casa de Salta en Capital Federal, “con remuneración de ministro”.
AMPLIACIÓN Y BLINDAJE
La ampliación de la Corte de Justicia de siete a nueve jueces, es una marca del saencismo y se concretó como una de las primeras iniciativas de su gobierno, para lo cual convocó a sesiones extraordinarias en febrero de 2020.
En aquel momento, se intentó justificar esa ampliación, que se copió de lo hecho por Urtubey en el año 2008 al extender la Corte de cinco a siete jueces, con la idea de “agilizar” el servicio de justicia.
La experiencia demuestra que no es no sólo no se cumplió ese cometido, sino que se profundizó el desprestigio de todo el sistema judicial (Poder Judicial y Ministerio Público).
A ello se le suma la clara intención de blindaje que pone de manifiesto Sáenz con estas postulaciones, buscando gente de su propia riñonada para integrar el máximo tribunal judicial hasta nueve años posteriores a la finalización de su mandato.
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