Por la caída de ventas, empresarios vitivinícolas impulsan cambios en la ley de Tolerancia Cero. Legisladores vallistos recogieron el guante y buscan habilitar hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre. Creen que la crisis económica no vació las góndolas ni enfrió el consumo.
La baja en las ventas de vino volvió a poner sobre la mesa una vieja disputa en Salta: la ley de Alcohol Cero al volante, vigente desde 2014. Con el consumo en retroceso, sectores empresarios del rubro vitivinícola comenzaron a presionar para que la provincia revise la normativa y habilite un margen de alcohol en sangre de hasta 0,5 gramos, bajo el argumento de que la restricción actual afecta al turismo y a la actividad económica.
La ofensiva no quedó solo en declaraciones. Legisladores de zonas productivas tomaron la posta y ya analizan proyectos para modificar la ley provincial. De avanzar la iniciativa, el debate se trasladará luego a los municipios, que deberán definir si adhieren o no al nuevo esquema. Allí, la responsabilidad recaerá en los Concejos Deliberantes, convertidos en árbitros de una discusión que mezcla negocios, seguridad vial y oportunismo político.
Lo que no aparece en el planteo empresario es el contexto general. La caída en el consumo de vinos no es una anomalía aislada ni un fenómeno provocado por una ley vial. Forma parte de un derrumbe más amplio que atraviesa a todos los rubros, consecuencia directa de la crisis económica que vive la Argentina y que se profundizó desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Con salarios pulverizados y precios por las nubes, la mayoría cuida el bolsillo y redefine prioridades. El vino, como tantos otros productos, quedó del lado prescindible.
La primera estocada pública la dio Alejandro Martorell, presidente de Bodegas de Salta, quien reclamó revisar la Tolerancia Cero y calificó la norma como una medida de “fines recaudatorios”. Según el empresario, la ley desalienta el turismo y castiga injustamente al sector vitivinícola, una lectura que traslada la responsabilidad de la caída de ventas desde la macroeconomía hacia una regulación provincial.
Desde la vereda opuesta, Raúl Córdoba, referente de Estrella Amarilla filial Salta, recordó que la ley se aplica desde hace más de una década y que surgió como respuesta a estadísticas alarmantes. “Existían demasiados hechos viales donde la mayor cantidad de personas que fallecían eran terceros inocentes. Y en esas estadísticas aparece claramente el consumo excesivo de alcohol”, sostuvo. Córdoba fue más allá y pidió a los empresarios dialogar con los familiares de las víctimas fatales: “Lo que piden carece de perspectiva social”.