Outes y Vega volvieron a alinearse con Milei y le dieron media sanción al Régimen Penal Juvenil. Una agenda importada desde Buenos Aires que poco tiene que ver con la realidad salteña, pero mucho con la obediencia política.
El saencismo ya no disimula. Ayer Flavia Royón votó a favor de la reforma laboral. Hoy, Pablo Outes y la diputada muda Yolanda Vega acompañaron al gobierno de Javier Milei en uno de los proyectos más sensibles y polémicos de su plataforma electoral: el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Una bandera de campaña de la ultraderecha que ahora avanza con votos que llegaron al Congreso y con la compañía de dos diputados que llegaron por el peronismo salteño.
Esta tarde, Outes y Vega levantaron la mano junto a los libertarios para darle media sanción a una reforma que, según especialistas en niñez y organismos de derechos humanos, implica un retroceso frente a los estándares internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes. Pero en tiempos de alineamientos verticales, los matices parecen haber quedado archivados.
También votó a favor el también saencista, hasta hace muy poco opositor empedernido al oficialismo salteño, Bernardo Biella. Pero el exradical no lo hizo con la base social del peronismo, si no que se trató de una apuesta del gobernador Gustavo Sáenz.
“Los que van a ir en cana son los pobres”, fue la frase que más se escuchó en los discursos previos a la votación. Porque nadie (menos algunos diputados libertarios) ignora cómo funciona el sistema penal en la Argentina: selectivo, clasista y con un sesgo territorial evidente. La baja de imputabilidad no apunta a los barrios cerrados ni a los hijos del poder: apunta, como siempre, a los pibes de los márgenes.
En Salta, el debate suena importado. No es una demanda que haya surgido de la agenda provincial ni un reclamo instalado por estadísticas alarmantes locales. Es, más bien, un reflejo de la agenda porteña amplificada por el discurso punitivista nacional. Sin embargo, el saencismo eligió subirse a esa ola (que en Salta hizo la punta la libertaria Emilia Orozco) sin siquiera intentar explicar por qué un problema presentado como estructural en el AMBA debería redefinir la política penal juvenil en el norte argentino.
Si el Senado convierte en ley el proyecto, la imputabilidad bajará a los 14 años. Un giro drástico que pondrá al país en tensión con convenciones internacionales que promueven enfoques restaurativos y de protección integral.
Pero el oficialismo salteño parece haber tomado otra decisión estratégica: estar donde está el poder nacional, aunque eso implique dejar en segundo plano las banderas con las que llegó. En su momento más servil, el saencismo ya no negocia matices: solo acompaña.