En su intervención en el Senado de la Nación Argentina, en el marco de la Ley de Glaciares, Royón no defendió a Salta ni al ambiente: defendió a la industria minera con precisión corporativa.
“La minería es la solución al cambio climático”, dijo ayer Flavia Royón, la senadora salteña que pedía el voto “para ponerle un freno a Javier Milei”, pero terminó siendo parte del esquema libertario a la hora de sumar votos en el Senado de la Nación. Su intervención en el debate por las modificaciones a la Ley de Glaciares no fue la de una representante provincial ni la de una dirigente preocupada por el interés público: fue la de una lobista con banca. Sin matices y sin el esfuerzo retórico de disimular su condición de vocera de las cámaras empresarias.
A pesar de lo que dijo Royón, está claro que la minería metalífera a gran escala, sobre todo la de litio, cobre y oro, implica movimientos masivos de suelo, uso intensivo de energía, emisiones indirectas, generación de residuos tóxicos y presión sobre ecosistemas frágiles, justamente aquellos que la Ley de Glaciares buscaba proteger.
Que los minerales sean insumos de tecnologías “verdes” no convierte a su extracción en ecológica. Confundir demanda global con impacto local es el truco discursivo clásico del extractivismo.
Durante su discurso, Royón también aseguró que “no se está entregando el agua” y que “el cuidado ambiental está por sobre todos los intereses”. La afirmación resulta difícil de conciliar con la experiencia de múltiples cuencas mineras del país y de la región, donde la disponibilidad hídrica se vuelve un bien disputado y los controles estatales dependen, precisamente, de provincias cuya recaudación y empleo quedan atados a esas mismas empresas. Es decir: el árbitro cobra sueldo de uno de los equipos. Presentar ese esquema como garantía de protección ambiental es, cuanto menos, optimista; cuanto más, deliberadamente ingenuo.
Otro de sus argumentos de la salteña fue que la minería “cada vez utiliza menos agua” gracias a la tecnología. Aun si la eficiencia hídrica por tonelada mejora, algo discutido y muy variable según el proyecto, la escala creciente de explotación suele anular cualquier ahorro relativo. Es el conocido “efecto rebote”: menos consumo por unidad, pero muchas más unidades producidas. Es decir: más pozos, más bombeo, más evaporación en salares y más presión sobre acuíferos de recarga lentísima. La tecnología no cancela la física.
La senadora insistió además en que la minería es “la más controlada”. Sin embargo, ese control depende de organismos provinciales con presupuestos limitados, escaso personal técnico y, en muchos casos, fuerte dependencia política de los ingresos que genera la actividad. La idea de un monitoreo omnipresente y eficaz suena bien en discursos, pero choca con la realidad.
Royón llegó a la banca prometiendo “ponerle un freno” a Javier Milei, pero terminó acompañando sistemáticamente las iniciativas del oficialismo, incluida una reforma que flexibiliza protecciones ambientales sensibles.
Cuando sostuvo que “la vida moderna no es posible sin minería”, construyó una verdad trivial para justificar una conclusión discutible. Nadie propone volver a las cavernas; lo que se debate es dónde, cómo, cuánto y bajo qué reglas se extrae. Convertir esa discusión en un falso dilema entre progreso o atraso es la manera más eficaz de tirar el debate por la borda.
Royón no pareció “la voz de Salta”, sino el discurso de un CEO de alguna empresa que busca operar en la cordillera salteña.