Trabajadoras que cumplen tareas de ordenanza en establecimientos públicos denuncian que el Ministerio de Educación provincial las mantiene fuera de planta y con salarios de indigencia, bajo un “convenio de colaboración”.
En las escuelas públicas de Salta hay mujeres que limpian aulas, baños y comedores todos los días, pero en los papeles no son empleadas del Estado. Según denunciaron en FM Infinito, el Ministerio de Educación provincial mantiene a unas 200 trabajadoras en la capital, y a muchas otras en el interior, bajo un “convenio de colaboración” que paga $130.000 mensuales por tareas que, en la práctica, son las mismas que realiza una ordenanza formal.
La entrevistada, que pidió preservar su identidad, fue directa: “Nosotras hacemos las tareas de una ordenanza. Hacemos limpieza y, en algunos casos, el comedor en las escuelas que tienen jornada extendida”. El acuerdo firmado con la cartera educativa establece jornadas de cuatro horas diarias de lunes a viernes. Pero la realidad, según denuncian, es otra. “No se cumplen esas horas, estamos unas seis horas”, afirmó.
Hasta el año pasado el pago era todavía menor: $100.000 mensuales. En 2026 llegó un “aumento” de $30.000. Hoy están cobrando ciento treinta mil pesos por seis horas, más o menos más $70.000 de el plan Potenciar, que se termina en mayo próximo, lo que dejará a las trabajadoras únicamente con los $130.000 del convenio. Y no se trata de una empresa tercerizada: las tareas se realizan en escuelas públicas, bajo la órbita directa del Ministerio de Educación.
La situación se vuelve más evidente cuando se compara con el salario formal de una ordenanza. Según la propia denunciante, una ordenanza en planta cobra alrededor de $900.000. La cuenta es simple: por cada trabajadora bajo este esquema, la provincia se estaría ahorrando cerca de $700.000 mensuales.
“Somos doscientas chicas en capital nada más, pero también hay chicas del interior que firmaron este convenio. Este es el tercer año que lo firmamos”, explicó la mujer. En realidad, muchas llevan todavía más tiempo: “Es el sexto año que estamos trabajando”, dijo.
Durante ese tiempo, la promesa fue siempre la misma: el pase a la planta temporaria. Varias incluso avanzaron en el proceso administrativo. “Ya hicimos hasta el médico laboral, pero el gobierno no nos está cumpliendo. En teoría, en octubre del año pasado ya deberíamos haber pasado”, relató la trabajadora.
El Estado necesita que las escuelas estén limpias para poder abrir, pero mantiene a quienes hacen ese trabajo en un limbo laboral. “La tarea de la ordenanza es esencial para que las escuelas estén abiertas. Si no hay limpieza en baños y aulas, no se puede abrir una institución”, remarcó la trabajadora.
Indicó que algunas de sus compañeras ya dejaron de ir a trabajar. No porque el sistema haya mejorado, sino porque el sueldo no alcanza ni para sostener el propio trabajo. “Hay chicas que usan los $130.000 para el colectivo. Lo que ganamos en un mes lo podemos hacer en una semana en otro trabajo”, finalizó.