Por Rodolfo Ceballos (*)
La rectoría de Salud Mental está integrada por múltiples actores. Todos son expertos en jugar al Antón Pirulero: cada uno atiende su propio juego. Comparten una característica común: no garantizan seguridad jurídica en la aplicación de las leyes provinciales de salud mental y hacen creer que, sin recursos, sostienen «obsesivamente al sistema», como declamó otro funcional al juego mezquino. Son actores que no se repiten, pero sí riman.
En la última semana, la sincronización de este juego alcanzó su punto máximo en una función con tres actos.
Acto I: un miembro de la rectoría conoció los lineamientos de Milei sobre el tratamiento de las adicciones en una reunión interprovincial, realizada en Buenos Aires, pero no los divulgó. Secretismo.
Acto II: otro proclamó en los medios de comunicación la “Guerra Fría” contra las drogas. Cree que así reducirá la demanda. Aclaró que no tiene presupuesto para su gran conflagración (??!!). Retorcido.
Ese actor depende de la Jefatura de Gabinete, encargada de librar esa «guerra» a través de una “unidad de combate” con empleados pagos.
Acto III: La Legislatura, a través de la Cámara de Diputados, impulsó la creación de un centro para adictos en el interior, quiere enfrentar al «Flagelo de la droga». Olvidaron indicar de dónde saldría el dinero para la iniciativa.
Perdieron la oportunidad de recordarles a la ciudadanía que por la ley provincial N.º 7746/12, Salta está adherida a la ley nacional de adicciones. Eso supone que el financiamiento operativo se define con la ley de presupuesto salteño de cada año. Diputados, perdidos en la verborragia de la sesión no tocaron ese tema. Opacidad.
La 7746/12 también ordena que el Ministerio de Salud coordine acciones con otros poderes, municipios y organizaciones comunitarias, y que el financiamiento provenga de fondos de Salud Pública. Sería interesante que Diputados reafirmara este principio de legalidad, a propósito del actor que proclamó la «Guerra Fría» a las adicciones.
La 7746/12, reglamentada por el Decreto 3563/12, establece que la autoridad de aplicación en materia de adicciones es el Ministerio de Salud, no la Jefatura de Gabinete, y que el enfoque debe ser interinstitucional, con una red preventiva y asistencial.
La corrección del silencio
La cuestión del dinero tiene un silencio decisivo. Los tres actores que aparecieron esta semana, el que guardó el esbozo de un programa nacional de adicciones, el que declaró una «Guerra Fría» y los diputados, brigadistas contra el «Flagelo de la droga», coinciden en que nunca se debe tocar la cuestión de los fondos destinados a la lucha de liberación de los adictos.
Por otra parte, la opacidad es tan generalizada que nunca fundamentan sus acciones con estadísticas consistentes: edades afectadas por la adicción, barrios en riesgo, regiones vulnerables, comorbilidades o tasas de recuperación y abandono de tratamientos, etc.
Siete años de vacío: sin plan integral, sin estadísticas, sin hoja de ruta. La rectoría de salud mental se sostiene en Instagram, donde despliega un gatopardismo discursivo que cambia las palabras, pero no las acciones.
Entre la ‘Guerra Fría’ contra las drogas y el ‘flagelo social’, la salud mental en Salta se cuenta más como relato político que como política pública.
(*) Periodista especialiazado en temas psicosociales y en salud mental.