Desde la frontera, aseguran que el plan de seguridad se desinfla, pese al relato de “orden” que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quiere instalar.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, puso en duda la efectividad del Plan Güemes y planteó la necesidad de una reformulación urgente. “Al Plan Güemes hay que relanzarlo, ya no es lo que era. No es la misma cantidad de gente y la verdad es que se vino desinflando. Yo espero que haya un relanzamiento o un Plan Güemes 2”, señaló en una entrevista en FM Infinito.
En contraposición al discurso oficial que habla de orden en la frontera, Zigarán apuntó directamente contra la gestión nacional y sus referentes en el territorio. “Virginia Cornejo es un estorbo en el plan Güemes: negó la existencia de Finca Karina, decía que era una playa de estacionamiento de Aguas Blancas. No son capaces de ordenar el tema de las chalanas, que es competencia de ellos, la tarjeta de tránsito vecinal, poder pasar con taxi hacia Bolivia y volver, como lo hacen en Paraguay, y el tema de la atención a la gente: no hay reciprocidad con Bolivia”, indicó.
El funcionario también cuestionó la falta de reglas claras en el intercambio comercial fronterizo, señalando un esquema desigual que perjudica al lado argentino. “Ellos no permiten que los bolivianos compren mercadería en Argentina. Entonces, nosotros somos los tontos de la película: compramos de todo a cualquier hora, en cualquier momento, y ellos ponen restricciones a los bolivianos que vienen a comprar al comercio de Aguas Blancas”.
Sobre la capacidad de gestión dentro del propio plan, Zigarán fue aún más duro y marcó un funcionamiento trabado. “Hay que mejorar, pero no están dadas las condiciones porque Virginia Cornejo no es la persona más idónea para solucionar: es la nada misma. Ocupa un cargo que debería aceitar las gestiones, pero genera una suerte de bloqueo”.
Además, el interventor advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona de frontera. “Es un escándalo la situación de las fuerzas de seguridad en la frontera: no tienen obra social ni cobertura. No podemos mandar a nuestros combatientes en esas condiciones”.
En ese sentido, puso el foco en los bajos salarios y las dificultades cotidianas que enfrentan los efectivos. “Un cabo cobra $900 mil por mes y no tiene obra social. Tiene un chico enfermo en la casa y no sabe si va a poder pagar el alquiler o mandar al médico. Entonces, ¿en qué clase de combate estamos, si nuestras fuerzas están vulneradas?”.
Finalmente, Zigarán alertó sobre las consecuencias de este escenario, con fuga de personal y hechos de corrupción que erosionan aún más el sistema. “Ven pasar cuatro cubiertas y es medio sueldo. Estamos perdiendo un montón de gente preparada, porque se pasan a bagallear. Piden la baja y pasan a comerciar en la frontera. Y así nos vamos a quedar sin gente. Ya el año pasado se perdieron cien efectivos por coimas en los tours de compra. Entonces, el problema es salarial, y encima chocaron la obra social”, concluyó.