A las presentaciones de La Libertad Avanza y el Partido Obrero se sumó el Partido de la Reconquista. La ofensiva judicial crece y pone a la reforma electoral en el centro de la escena.
La reforma electoral impulsada por el gobierno de Gustavo Sáenz sigue acumulando resistencia, no solo en el terreno político, sino también en los tribunales. Con la presentación del Partido de la Reconquista, la controvertida ley de lemas suma su tercera acción de inconstitucionalidad y empieza a configurarse un frente judicial cada vez más amplio.
El nuevo planteo se agrega a los ya presentados por La Libertad Avanza y el Partido Obrero, dos espacios ideológicamente opuestos que, sin embargo, coincidieron en cuestionar la norma. Ambos habían advertido que la reforma introduce mecanismos que podrían restringir la competencia electoral y alterar las reglas de representación.
Desde el Partido de la Reconquista apuntan en una dirección similar: consideran que el sistema aprobado “distorsiona la voluntad popular y vulnera principios básicos del sistema democrático”. La presentación judicial busca frenar la aplicación de la ley y abrir un debate de fondo sobre su constitucionalidad.
Según el escrito que se presentó en la Justicia, la norma aprobada por el oficialismo “introduce condicionamientos que distorsionan el sistema representativo y pueden derivar en la exclusión de candidaturas, afectando el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en condiciones de plena libertad”.
Los dirigentes del Partido de la Reconquista cuestionan el requisito de armar listas completas en por lo menos 15 departamentos. Para esta nueva fuerza es proscriptivo y anti democrático.
El dato político no es menor. La acumulación de demandas no solo amplía el volumen del conflicto, sino que expone un rechazo transversal que atraviesa espacios y tradiciones políticas. Desde sectores libertarios hasta la izquierda, pasando ahora por una fuerza provincial, todos terminan señalando el mismo punto: la sospecha de que la reforma no ordena, sino que reconfigura el tablero en función del oficialismo provincial.
Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Sáenz sostiene que la iniciativa apunta a “modernizar el sistema electoral y mejorar la representación”. Pero la discusión dejó de ser exclusivamente legislativa, en donde el saencismo tiene mayoría agravada, y se trasladó a la Justicia, donde la ley de lemas empieza a jugar su partido más incómodo. No obstante, Sáenz ya acomodó a sus amigos en la Corte y espera con tranquilidad una resolución favorable.
La ley sancionada de apuro por la Legislatura Provincial es un engendro antidemocrático destinado sólo a la proscripción de quienes desean un mejor futuro para la Provincia, sean de derecha o de izquierda. Ahora la Libertad Avanza planea algo parecido para las elecciones nacionales. Se trata de mentes antirepublicanas, desean apropiarse de la cosa pública y les disgusta la máxima de que los mandatos no pueden ni deben ser vitalicios. La periodicidad en el cargo público es esencial, justamente porque nadie tiene ese carácter en una república.