Mientras Nación recaudó cifras millonarias para obras viales, ejecutó apenas una parte y colocó el resto en la timba financiera. En Salta, el tramo Rosario de la Frontera–Metán de la Ruta 34/9 ahora es financiada con fondos provinciales.
En Salta hay rutas que no son rutas: son trampas. La más emblemática es la 34/9, en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán, conocida hace años como la “ruta de la muerte”. Baches profundos, deformaciones, banquinas inexistentes y señalización precaria componen un combo que se repite en cada viaje. No es una postal nueva. Lo que sí se vuelve cada vez más escandaloso es el contraste entre ese abandono y los números que empiezan a conocerse sobre el manejo de los fondos viales a nivel nacional.
Según datos publicados en diario La Nación, el Gobierno de Javier Milei recaudó alrededor de 1,5 billones de pesos destinados a rutas y obras viales, pero ejecutó apenas una cuarta parte. El resto no fue a máquinas ni a asfalto: fue colocado en instrumentos financieros. En otras palabras, mientras los caminos se rompen, la plata se timbea. Mientras las rutas se cobran vidas, los fondos “trabajan” en otro lado.
En Salta, ese desfasaje no es una abstracción contable: tiene consecuencias concretas. La Justicia ya ordenó a la Nación reparar el tramo crítico de la Ruta 34, tras un amparo presentado por el entonces senador Sergio Leavy. El fallo fue claro. “Se trata de una situación de riesgo permanente para quienes transitan”, planteó el dirigente en su momento. Y la resolución judicial también fue categórica: había que intervenir. Pero la orden sigue, en gran medida, incumplida.
“El estado de la ruta es intransitable en muchos sectores, y no hay respuestas”, insistieron desde el entorno de quienes impulsaron el reclamo judicial. Lo que debía ser una solución urgente se transformó en otro expediente que duerme, mientras el tránsito pesado y los vehículos particulares siguen enfrentando un camino que no perdona errores.
La paradoja es brutal: por un lado, una ruta nacional en condiciones críticas, con antecedentes de siniestros graves y reclamos históricos; por el otro, un esquema donde los fondos destinados a infraestructura no llegan a destino en tiempo y forma. La ecuación es simple, pero el resultado es siempre el mismo.
En el medio, la responsabilidad se diluye entre decisiones políticas, prioridades presupuestarias y estrategias financieras. Pero el asfalto roto no entiende de tecnicismos. Tampoco las familias que todos los días transitan ese tramo, sabiendo que cada kilómetro puede ser una ruleta.