Se trata de Gerardo Orellana, quien pertenece al oficialismo provincial y asumió en noviembre pasado y quedó imputado en la causa que investiga la fiscalía federal de Salta y tiene a cargo el juez Diego Anzorreguy. El otorgamiento de pensiones tuvo fines proselitistas.
La investigación por las pensiones truchas en Salta ya tiene 15 personas imputadas y analiza alrededor de 5.000 beneficios otorgados en el departamento de Anta.
Entre los acusados se encuentra el médico y diputado provincial de Anta Gerardo Orellana, además de gerentes de hospitales, médicos y otras personas que, según la hipótesis del fiscal, habrían integrado una estructura destinada a gestionar pensiones graciables mediante documentación falsa.
El fiscal federal Carlos Amad explicó en radio Infinito que los delitos atribuidos incluyen asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública. Aclaró que se trata de imputaciones y que todavía no existen condenas.
La causa se concentra, por ahora, en el departamento de Anta. La investigación apunta al presunto otorgamiento irregular de pensiones graciables a personas que no habrían cumplido con los requisitos para recibirlas.
PENSIONES A CAMBIO DE VOTOS
Cuando fue consultado sobre el alcance territorial del expediente, Amad respondió: “la investigación y la formalización de la investigación que se hizo ayer se focaliza en el departamento de Anta, por ahora.”
Según la hipótesis de la Fiscalía Federal, algunas personas se trasladaban a pueblos y ofrecían pensiones a cambio de votos. Además, habrían direccionado a los solicitantes hacia determinados médicos para obtener certificados que permitieran iniciar los trámites.
La acusación también sostiene que existía una organización dedicada a producir certificados, análisis e historias clínicas falsos. Con esa documentación, las personas podían cobrar los beneficios y quienes intervenían en la maniobra obtenían un retorno económico.
“Además de eso, también tenemos en la investigación de personas que tenían una organización donde, digamos, expendían este tipo de certificados, análisis, historia clínica, todo falso para poder cobrar las pensiones de estas personas defraudando así al estado”, afirmó Amad.
ORELLANA, SEGUNDO IMPUTADO DEL BLOQUE
Entre los 15 imputados figura Gerardo Orellana, diputado provincial por Anta e integrante del bloque saencista “Todos por Salta” que preside Germán Rallé. El fiscal sostuvo que el legislador, al igual que los demás acusados, habría formado parte de la estructura investigada por su intervención en el otorgamiento de las pensiones.
“El señor Orellana, al igual que otras personas que fueron imputadas el día de ayer, forman parte forman parte de esta estructura criminal que durante un tiempo tuvo intervención en el en el otorgamiento de este tipo de pensiones”, declaró.
La audiencia de formalización estuvo a cargo del juez federal Diego Anzorreguy. En ese acto se formalizó la investigación por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, falsedad ideológica de instrumento público y fraude en perjuicio de la administración pública.
El fiscal también fue consultado sobre la posibilidad de que Orellana se amparara en sus fueros. Amad respondió que, hasta ese momento, el diputado no había invocado esa condición y que había permanecido a derecho durante el proceso.
Orellana es el segundo diputado imputado en una causa judicial del bloque Todos por Salta, hace pocos días se conoció la imputación del diputado y exintendente de San Carlos, Héctor Raúl “Rulo” Vargas, por compra y venta de terrenos destinados a un loteo social, fondos de un programa nacional y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones, entre otros delitos durante su paso por la intendencia.