Mientras los salteños siguen esperando respuestas a problemas concretos, parte del gabinete parece cada vez más concentrada en mostrar actividad en redes. Valencia Donat y Mejías son dos exponentes de una política donde la imagen empieza a tener demasiado peso.
El gobierno de Gustavo Sáenz parece haber encontrado en las redes sociales una herramienta cada vez más importante para construir su propia versión de la gestión. Videos, recorridas, reuniones y fotografías ocupan buena parte de la comunicación oficial, mientras los problemas que esperan respuestas concretas siguen acumulándose. Comunicar lo que hace un gobierno es razonable; convertir la comunicación en la principal evidencia de que se está gobernando ya es otra cosa.
En ese esquema aparecen con particular visibilidad la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Mejías, y la subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad, Julieta Valencia Donat. El caso de esta última resulta especialmente llamativo porque el área que conduce no debería medirse por la cantidad de contenidos publicados, sino por su capacidad para asistir, acompañar y generar respuestas frente a situaciones de violencia y vulnerabilidad que atraviesan diariamente muchas mujeres en Salta.
Valencia Donat, además, llegó al Gobierno después de haber construido durante años un perfil crítico del propio Sáenz. Desde su espacio periodístico vinculado a San Lorenzo cuestionaba con dureza al gobernador y a integrantes de su gabinete. Después recibió un ofrecimiento para incorporarse a la gestión y las críticas desaparecieron. Es una transformación perfectamente posible dentro de la política, aunque bastante más interesante cuando se la observa junto a otros casos similares, como los de Mario Mimessi, Oriana Névora e Iván Mizzau, dirigentes que también terminaron encontrando un lugar dentro del esquema oficial después de haber transitado posiciones diferentes.
El problema, sin embargo, no está solamente en ese giro político. Durante las últimas semanas, Valencia Donat mostró una intensa actividad en Buenos Aires, con reuniones, recorridas y encuentros que fueron trasladados a las redes con una estética que se parece más a la de una cuenta personal que a la comunicación de una funcionaria responsable de una política pública especialmente sensible.
A una mujer que necesita asistencia estatal, probablemente le interese bastante poco dónde estuvo una subsecretaria; lo que necesita saber es si alguien va a escucharla y si el Estado va a darle una respuesta.
La cuestión quedó todavía más expuesta a partir de una entrevista con el periodista Daniel Murillo, cuando Valencia Donat fue consultada por el caso de Constanza Lee, una joven madre que denunció a su exmarido por abuso sexual en 2020 y continúa reclamando respuestas. La intervención de la funcionaria generó cuestionamientos por la distancia con la que abordó una situación que, más allá de las responsabilidades que correspondan a otros organismos, involucra precisamente una problemática que forma parte del universo que debería conocer y atender el área que conduce. En una subsecretaría de estas características, la formación técnica es importante, pero la empatía no puede ser un detalle decorativo.
Pero acá queda expuesta un debate más profundo sobre el gabinete de Sáenz. La incorporación de antiguos opositores puede ser presentada como amplitud política, construcción de consensos o pragmatismo, pero también deja abierta una pregunta incómoda: ¿el oficialismo está ampliando su base política o simplemente incorporando a quienes alguna vez lo cuestionaron hasta que la crítica dejó de resultar conveniente? En el caso de Valencia Donat, el contraste entre aquella dirigente que cuestionaba al Gobierno y la funcionaria que hoy forma parte de él resulta demasiado evidente como para no observarlo.
Mientras tanto, la política de género sigue necesitando bastante más que una buena presencia en redes. La violencia contra las mujeres, los femicidios y las dificultades que atraviesan quienes buscan respuestas del Estado no se resuelven con una agenda prolija de reuniones ni con publicaciones que muestran movimiento. Se resuelven con políticas sostenidas, capacidad, formación, recursos y, sobre todo, con funcionarios capaces de entender que detrás de cada caso hay una persona y no simplemente un expediente que puede derivarse a otra oficina.