Decidieron no avanzar contra María Fernanda Diez Barrantes, cuestionada por un desalojo que alcanzó más de 40 hectáreas cuando la orden original hablaba de cuatro. La Justicia cada vez más cerrada sobre sí misma y demasiado cómoda con el saencismo.
El Jurado de Enjuiciamiento de Salta rechazó por unanimidad la denuncia presentada contra la jueza María Fernanda Diez Barrantes por su actuación en el desalojo de la comunidad diaguita Kallchaki de Las Pailas. La denuncia cuestionaba que una orden judicial que hablaba de cuatro hectáreas terminara ejecutándose sobre una superficie de más de 40, alcanzando a 24 familias, entre ellas niños, niñas y personas con discapacidad. Para los denunciantes, la diferencia no era un detalle administrativo, sino una irregularidad que debía ser investigada.
El Jury, sin embargo, consideró que los planteos “no alcanzaban” para configurar mal desempeño o incumplimiento de los deberes de la magistrada y entendió que las cuestiones vinculadas con las decisiones jurisdiccionales debían ser discutidas por las vías procesales correspondientes. El expediente quedó así cerrado, sin que el organismo avanzara en una investigación sobre la actuación de la jueza.
La unanimidad es quizás el dato político más llamativo de la resolución, porque el Jury no está integrado exclusivamente por magistrados. En el organismo participan miembros de la Corte de Justicia, legisladores de mayoría y minoría, abogados y el fiscal de Estado, por lo que la decisión terminó reuniendo en un mismo sentido a representantes de distintos sectores del poder provincial.
Ahí aparece una postal que excede largamente el caso de Las Pailas. El saencismo tiene todos los actores (mayoría y minoría) y cuando llega el momento de controlar a una estructura de poder, las diferencias parecen volverse bastante menos visibles.
Los integrantes del Jury de Enjuiciamiento son: la titular de la Corte, Teresa Ovejero Cornejo y su par, Pablo López Viñals; el representante del Senado, Jorge Soto (por la mayoría) y de Enrique Cornejo Saravia (por la “minoría”), más la del abogado del foro, Guillermo López Mirau, esposo de otra jueza cortesana. Por la Cámara de Diputados, firmaron Esteban Amat Lacroix (por la mayoría) y Socorro Villamayor (minoría). También, el abogado de Diputados, Pedro Mellado y el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina.
El Poder Judicial debería ser uno de los principales garantes de los límites al poder, mientras que sus propios mecanismos de control tienen que ofrecer garantías suficientes de independencia y transparencia.
Cuando una denuncia plantea que una orden de cuatro hectáreas terminó derivando en un desalojo sobre más de cuarenta y la respuesta institucional es un rechazo unánime, la pregunta inevitable no es solamente qué ocurrió en Las Pailas, sino quién controla efectivamente a quienes tienen el poder de decidir.
En una democracia, los poderes están llamados a controlarse entre sí, no a protegerse mutuamente cuando alguno de ellos queda bajo sospecha. Y cuando oficialismo, minoría política, Justicia y representantes institucionales terminan coincidiendo sin fisuras frente a un caso que exigía, como mínimo, despejar dudas, la preocupación ya no pasa únicamente por una jueza o por un expediente: pasa por un sistema que empieza a parecer demasiado cómodo con su propia impunidad.