El Gobierno de Salta decidió poner en manos privadas una tarea que hasta ahora correspondía al Estado: recuperar las millonarias deudas de obras sociales y prepagas por la atención de sus afiliados en hospitales públicos.
Hay algo que nadie discute: las obras sociales y las prepagas deben pagar por las prestaciones que reciben sus afiliados en los hospitales públicos. El tema es que en Salta buscan que el Estado, que tiene la obligación de facturar, reclamar y cobrar esas prestaciones, una empresa privada se encargue de hacerlo y, por esa tarea, se quede con una parte de los recursos recuperados.
El Gobierno de Salta declaró de interés público una iniciativa presentada por Gestión Integral del Norte SRL, una sociedad que todavía figura “en formación” y que tiene a Rubén Fortuny como gerente. Fortuny fue ministro de Trabajo de Juan Manuel Urtubey, entre 2009 y 2013.
La propuesta consiste en intervenir en la identificación de coberturas, facturación, gestión y recupero de los costos de las prestaciones realizadas en los hospitales públicos a pacientes que cuentan con obra social, prepaga u otro tipo de cobertura. El Decreto 618/26 establece que, después de una etapa inicial, deberá realizarse una licitación pública.
El argumento oficial es contundente y difícil de ignorar: hoy el Estado cobra apenas una fracción de lo que debería. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, aseguró que durante 2025 se recuperó solamente el 12% de los gastos generados por la atención de afiliados de obras sociales y prepagas.
Según sus propios números, la deuda o pérdida anual ronda los $110.000 millones, mientras que se recuperaron alrededor de $11.000 millones. “Yo, Estado, no lo estoy pudiendo hacer”, reconoció el ministro al explicar por qué decidió recurrir a privados.
Si el Estado reconoce que no está cobrando lo que corresponde, ¿la respuesta tiene que ser fortalecer el área estatal encargada del recupero o crear un negocio privado alrededor de esa incapacidad? Porque la provincia no parte de cero. La Ley 8.491, sancionada y promulgada en 2025, estableció un mecanismo específico para recuperar los costos sanitarios y determinó que, después de 60 días sin pago, el Ministerio o los efectores públicos pueden emitir un certificado de deuda con carácter de título ejecutivo. Es decir, existen herramientas legales para reclamar y eventualmente ejecutar esas deudas.
Más todavía: el propio Mangione había explicado meses atrás que el problema no estaba en la facturación, que ya se encontraba organizada, sino en la capacidad efectiva de cobrar. En junio había anticipado que la empresa que eventualmente tomara el servicio podría quedarse con entre el 7% y el 10% de lo recuperado. Ahora el esquema avanza bajo la lógica de “riesgo compartido”: si la firma consigue cobrar, recibe un porcentaje; si no cobra, no debería percibir ese componente. El porcentaje definitivo, según lo informado, todavía no está cerrado.
Y entonces aparece otro interrogante que el Gobierno tendrá que responder con precisión: ¿por qué una empresa privada puede hacer más eficientemente lo que el propio Estado está legalmente habilitado a hacer? La pregunta no es menor cuando se habla de un sistema sanitario que reclama recursos y cuando la cifra en discusión supera los $100.000 millones anuales. Si el privado logra cobrar, habrá que explicar cuánto le costará al Estado recuperar ese dinero; si el Estado puede hacerlo por sus propios medios, habrá que explicar por qué resignará un porcentaje de esos recursos. Y si la justificación es la ineficiencia estatal, también habrá que explicar qué se hará para corregirla.
El punto más delicado está en el origen del proceso. La iniciativa que puso en marcha esta discusión fue presentada por Gestión Integral del Norte SRL, una empresa todavía en formación vinculada a Fortuny, un exministro y exfuncionario provincial con una extensa trayectoria dentro del Estado. El expediente no implica una adjudicación directa y el Gobierno sostiene que deberá existir una licitación pública. Pero, hasta que se conozcan los pliegos, el porcentaje de comisión, las condiciones de contratación, los mecanismos de control y las reglas para garantizar igualdad entre los eventuales oferentes, quedan demasiadas preguntas abiertas.