Luego de que se defina esa apelación se podrá avanzar en la Justicia salteña.
El lunes pasado, el empresario fue procesado junto a otras ocho personas, entre contadores, abogados y prestanombres, por el juez Bavio. Se los acusa de conformar una «asociación ilícita tributaria», que según la AFIP habría defraudado al Estado en más de 100 millones de pesos entre 2015 y 2018 solo con la emisión de facturas truchas.
Afuera quedó la imputación por posibles delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho (coimas) y violación de los deberes de funcionario público con obras públicas que estaban en la causa en un principio, pero se derivaron al fuero local.
La investigación contra Huergo se inició en enero de 2018, cuando en los sistemas informáticos de la AFIP se detectaron inconsistencias tributarias de una serie de empresas salteñas, las que luego se descubrió que giraban alrededor de Huergo. A medida que avanzaron las pericias, que impulsó el fiscal federal Ricardo Toranzos y luego quedaron en manos de su par Carlos Amad, se fueron desmenuzando los nudos de la red de negocios turbios con fondos estatales. Las medidas de prueba incluyeron escuchas telefónicas y allanamientos a oficinas públicas.
La representante legal de la AFIP, Verónica Soledad Silisque, llegó al máximo tribunal luego de fallos adversos en la Cámara Federal de Salta y de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la división de la causa dispuesta por Bavio. Desde el Ministerio Público Fiscal Federal de Salta, en ese trámite representado por el fiscal general Eduardo Villalba, siguieron igual camino, aunque no llegaron hasta la Corte.
Desde los dos organismos coincidieron en que el juez Bavio «yerra la resolución al considerar que los hechos investigados resultan escindibles» y que «tal afirmación resulta cuanto menos prematura y contraria a cualquier método de investigación del crimen organizado».
En un caso de similar dilema legal y también con Bavio de protagonista, Villalba había tenido otra respuesta de la Cámara Federal de Casación. Fue en la investigación por usura y extorsión de los préstamos «gota a gota» que manejan colombianos en la provincia. En esa causa el juez federal de Salta también había intentado dividir el proceso y derivar una parte hacia la Justicia provincial. Finalmente, Casación Federal rechazó esa iniciativa para evitar «una respuesta mucho más lenta y menos eficiente de la Justicia».
Fuente: El Tribuno