El pedido de captura al primo del fiscal penal de Anta, Gonzalo Gómez Amado, cuenta con un raid que expuso un raro entramado político, judicial y de negocios.
Para el denunciante, el abogado Luis Pablo Ibáñez, esto último involucra una red similar a la que se investiga en la justicia federal salteña y de la que se acusa al ex juez Raúl Reynoso.
“En Anta hay una banda similar a la del exjuez Raúl Reynoso”, le dijo este fin de semana a los medios el letrado brutalmente agredido por Carlos Ferro Podestá, familiar del fiscal anteño y hoy prófugo de la justicia. Tanto el registro del hecho, el cual está recorriendo los medios del país, como su investigación tuvieron un marco de amenazas e intimidaciones que se percibieron en la justicia del sudeste provincial como en los medios de comunicación.
Al refuerzo en la guardia personal del juez de Garantías de Joaquín V. González, Sebastián Guzmán (a quien el fiscal Sergio Castellanos encomendó la orden de detención contra Ferro Podestá), le sucedieron una serie de hechos que retratan el nivel de violencia en el que vive esta ciudad sudesteña y la ausencia total del Estado de Derecho. A ello remiten los llamados hechos el jueves por el propio Carlos Ferro Podestá al canal 2 VTS.
La estación televisiva fue una de las que registró las primeras imágenes en las que Ibáñez relató este jueves la brutal agresión que sufrió, tras denunciar al fiscal Gonzalo Gómez Amado y a la abogada Dana Segovia, en este entramado que consideró de tinte mafioso.se pudo confirmar que Ferro Podestá pretendió intimidar a canal 2 de Joaquín V. González para que no emitiera el reportaje a Ibáñez, lo que no consiguió y, en cambio, fue el causal de una denuncia formal presentada el día viernes en la Policía local.
Ya que esta fuerza de Seguridad tiene como responsable al denunciado fiscal Gómez Amado. Una conjetura similar cabe establecer en relación a la orden de detención encomendada al juez Guzmán, dado que gran parte de la población anteña atribuye alta probabilidad a que Carlos Ferro Podestá se encontraría refugiado en una propiedad rural ubicada en Salta Forestal, impulsor de esta candidatura.
Incluso, afirman periodistas de este departamento salteño, el juez de Garantías habría visitado personalmente esta finca –asentada a nombre de la abogada Dana Segovia, esposa del agresor de Ibáñez- en ocasión de la actual campaña política, a favor del candidato a la reelección, el también anteño Pedro Sández. Tanto Ferro Podestá, como el fiscal Gómez Amado, y el juez Guzmán son habitués de los actos partidarios que realiza el Frente Salteño.
Algunos de estos encuentros, por increíble que parezca, se llevaron a cabo en el propio Juzgado a cargo del mencionado magistrado, como lo prueba el documento fotográfico que publica Opinorte en esta nota. Allí, Sández y el fiscal Gómez Amado farfullan roscas políticas, junto a una candidata anteña, en un velado desafío a la Corte de Justicia de la provincia de Salta: el uso de los juzgados como sede partidaria.
En contraste, no resulta dificultoso imaginar el escepticismo en la ciudadanía cada vez que acude a dirimir situaciones litigiosas en estos tribunales. Por ello, el diputado opositor Marcelo Paz decidió recurrir a la sede capitalina del Ministerio Público Fiscal a radicar otra denuncia por una aparente intimidación a su persona y a su familia, el pasado fin de semana, por parte del mismo teléfono que este jueves digitó el número del canal 2 gonzaleño.
Por lo demás, queda por remarcar en relación al ataque del cual el abogado Pablo Ibáñez acusa a Ferro Podestá y a su primo, el fiscal Gonzalo Gómez Amado, un detalle que aún no se publicó en ningún medio de comunicación.
El jueves, luego de la agresión, la Policía que actúa a las órdenes del fiscal -empardado con el ex magistrado oranense- se encargó de “custodiar” al profesional del Derecho cuando fue atendido en el hospital gonzaleño.
Durante el transcurso de estos cuidados médicos, como en su posterior traslado a la localidad de Las Lajitas (donde reside Ibáñez), su teléfono particular se mantuvo misteriosamente inactivo. La no reacción ante mensajes y llamados telefónicos alarmó a colegas del letrado, medios de comunicación y familiares. Fue la oportuna intervención del Colegio de Abogados de Metán la acción que preservó su vida, luego de cinco horas sin ningún dato sobre su persona.