Para la docencia las primeras semanas de junio son especiales. Es el momento de inscribirse o actualizar el legajo en Junta Calificadora de Méritos, pero también es el momento de pensar en dónde está parado cada uno. ¿Cómo es eso?
Ocurre que es el momento en que se presentan cursos y capacitaciones para aumentar puntaje y así subir escalones.
Pero no todo es solamente un trámite administrativo, hay una realidad que no siempre se visibiliza, por lo menos desde los medios de comunicación: el tortuoso camino de los que recién se inician.
Sucede lo siguiente; el docente que se recibe valida su título y obtiene un puntaje de 100 o 150 puntos, dependiendo si es de nivel terciario o universitario. Luego de esto, se inscribe en Junta Calificadora y observa un dato muy curioso: para obtener un lugar en el sistema público debe encontrarse en los primeros puestos, y la gente que se encuentra en los primeros lugares tiene, en el mejor de los casos, de 300 puntos para arriba. Ahora bien, entonces hay que capacitarse para lograr llegar a la pelea por un cargo.
Acá comienza la primera contradicción. Hay que sumar puntos en capacitación para poder trabajar, pero los cursos, diplomaturas y especializaciones son casi totalmente privados, esto es, la oferta pública es prácticamente inexistente. La formación de base se admite tan imperfecta que el mismo sistema que la regula exige un perfeccionamiento posterior casi tan extenso como la carrera. Así, hay que “invertir” a futuro para tener la esperanza de conseguir horas en algún colegio; hay que pagar. ¿De dónde sale el dinero?
Nuevamente tenemos una contradicción. ¿De qué manera financia el docente recibido su capacitación? Lo más probable es que de otro trabajo. Así es, apenas se recibe, un educador debe pagar a un instituto privado para sumar puntos.
Si la única opción es pagar a un privado, entonces manos a la obra. En Salta, hay prácticamante un solo lugar que monopoliza las capacitaciones que otorgan más puntos. En diálogo con Opinorte, Camila, una docente que vino del Interior y cursó su carrera con enorme esfuerzo personal y familiar, contó que CEDSA (Centro de Estudios a Distancia de Salta) es una de las instituciones privadas que «prácticamente monopoliza el mercado del puntaje y la competencia es casi nula, con lo que se convierte en referente en cuanto a costos y también a la definición de los mismos».
Las otras posibilidades están en las ofertas académicas, tanto en Salta como en otras provincias, pero son aún más costosas.
Si partimos desde la base de que hay que conseguir por lo menos 150 puntos, entonces, teniendo en cuenta de que se puede sumar un tipo de capacitación por año, serían 5 años de “inversión” privada. Casi 30 puntos por año. Ahí tendríamos una diplomatura, un curso y seminarios. Esto en el mejor de los casos, la mayoría de los docentes no puede aspirar a pagar lo mismo todos los años por la constante inflación.
Entonces, ¿cuál es el costo?
Para realizar una diplomatura, se paga alrededor de $ 1500 en inscripción (en el caso de que exista la chance de un descuento grupal), a esto se suma una cuota aproximada de $ 3500 por 12 meses. Esto nos da un total de casi $ 43.500. Si sumamos un curso u otro ítem aceptado por Junta (los cursos están cotizando de $ 2.000 a $ 5.000 dependiendo la institución) llegamos a una cifra aproximada de casi $ 48.000 anual.
Ahora bien, si multiplicamos este costo anual por los años necesarios para “ingresar al sistema”, que son cinco, llegamos a la cifra de $ 240.000. ¿Qué nos dice este gran número?
• Primeramente que el docente que se recibe debe de trabajar en otro rubro para pagar capacitación y así pelear por un lugar en instituciones públicas.
• El recorrido de sumar puntos es mínimamente de cinco años, o sea, salvo que pueda ingresar en el sistema privado, el docente va a tener que capacitarse, gastar dinero y esperar cinco años para trabajar en lo que se formó.
• El Estado casi se desliga de este escenario, dejando a los privados la oferta, el costo y las millonarias ganancias basadas en un sistema viciado. Las opciones gratuitas son muy pocas, tanto a nivel provincial como nacional.
• Si el docente cursó su carrera en una institución pública, lo que no gastó en su cursada lo gasta luego en las capacitaciones para obtener puntaje. En el caso de estudiar en un establecimiento privado (universitario o terciario) el monto hasta se puede triplicar.
Todo esto que se detalla no es ninguna novedad. Los docentes lo saben y es tema de discusión y de preocupación. Imaginen la cantidad de educadores que terminaron por abandonar su sueño de trabajar en educación porque nunca pudieron costear la capacitación y tuvieron que dedicarse a conseguir fondos para sobrevivir en otro ámbito.
Muchas conclusiones podemos desglosar de lo que contamos en la nota, pero hay dos que son casi determinantes. La primera; accede al sistema público el docente que puede “invertir” mínimamente $ 240.000. ¿Cuántos educadores idóneos quedan al margen? El filtro es cruel; llega el que puede. El mensaje es claro: “si quieres llegar, debes pagar”.
Por último, el gran negocio en el que se transformó la educación. Los actores son pocos y conocidos. Oferta privada con costos muchas veces exorbitantes. Oferta pública casi nula. Un Estado que es indiferente a la realidad de miles de docentes que se dan cuenta que se recibieron para convertirse en consumidores de una maquinaria que recauda en nombre de la “capacitación”.
Decía Paulo Freire: “Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. Es cierto, también aprendimos que la injusticia y las piedras en el camino de un sistema educativo mercantil forman parte del paisaje de quienes, con sacrificio y mucho sudor, tal vez, lleguen a pararse al frente de las aulas.
