Tras una extensa demora, el Coordinador Administrativo del Gobierno provincial designó a una directora en el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres -OVCM- pero no en representación del Ejecutivo (decisión postergada desde hace más de dos años) sino de la Cámara de Diputados.
La política para prevenir y erradicar la violencia de género en Salta tiene incomprensibles retrasos en lo que respecta a decisiones políticas y administrativas. Un claro ejemplo es lo que se publicó oficialmente hoy respecto a la designación de Florencia Jimena Sánchez como directora del OVCM, en representación de la Cámara de Diputados de Salta.
La mora en la integración del Organismo tiene como antecedente la renuncia de la exdirectora María Pía Ceballos para sumarse al Ministerio de las Mujeres de la Nación a principios de 2020, tras ello, la Cámara de Diputados habilitó un concurso que finalizó en agosto de 2020 y en el que fue seleccionada la profesora Sánchez, mediante la Resolución 191/20.
Un año y medio después, Nicolás Demitrópulos, el Coordinador Administrativo del Gobierno (una especie de superministro), emitió la Decisión Administrativa 37, en la que finalmente se designa a la directora del OVCM y se fija para la misma una remuneración equivalente a la de una directora general.
La injustificada demora, además de ser una afrenta de parte del Poder Ejecutivo hacia el Legislativo (Diputados en este caso), también describe cierto menosprecio a una política que aporta a la prevención de la violencia de género en una provincia como Salta, que se encuentra como una de las más sumidas en esta problemática.
En efecto, no sólo hubo una mora de un año y medio en oficializar la designación de la directora seleccionada por la Cámara de Diputados, desde el Gobierno la misma decisión está pendiente desde hace más de dos años, es decir que desde que asumió la actual gestión (10 de diciembre de 2019) no se designó a una directora por parte del Ejecutivo. Durante 2020, la excusa implícita pasó por el carácter de una directora designada por el actual Gobierno provincial, la disyuntiva se basaba en si era muy provocador nombrar a una mujer que se oponga al aborto legal. Sancionada la ley a fines de ese año, tampoco se tomó la decisión política.
Cabe recordar que en 2020, la prórroga de la Declaración de Emergencia Social en Violencia de Género, sancionada originalmente en septiembre de 2014, no se produjo por iniciativa del actual Gobierno provincial sino por parte de una diputada de la oposición.
El observatorio
De acuerdo a la Ley provincial 7863, el directorio del OVCM se constituye a partir de lo propuesto por la Cámara de Diputados, el Senado, el Poder Judicial, la Universidad Nacional de Salta, el Poder Ejecutivo y las ONG específicas a la temática de género.
Actualmente, el directorio funciona sólo con tres directoras, las propuestas por la U.N.Sa., el Senado y el Poder Judicial, Ana Pérez Declerq, Inés Bocanera y Pilar González Sastre respectivamente. Resta que las ONG resuelvan su directora y que el Poder Ejecutivo haga lo propio.
Más allá de los informes específicos y anuales sobre la grave problemática de la violencia en Salta, hay un déficit primario en el Observatorio, no hacer la observancia al Poder Ejecutivo sobre la injustificada demora en cubrir la vacancia, tal como se desprende del capítulo “Monitoreo de Políticas Públicas del Poder Ejecutivo Provincial” del Informe Anual 2021.