Sea federal o provincial, la morosidad judicial que se advierte en nuestra Provincia es recurrente. Los lazos sociales son moneda corriente. En esta ocasión, los camaristas Mariana Catalano y Ernesto Solá, hicieron lugar a los recursos de casación presentados por la defensa del empresario Marcos Levín.
La noticia llamó la atención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras lo cual, sostuvo que la Cámara Federal de Salta tomó una decisión «arbitraria» con la que pretende beneficiar al empresario paralizando la causa en su contra.
El pasado 24 de agosto la Cámara Federal de Apelaciones de Salta admitió un recurso de casación presentado por la defensa de Marcos Jacobo Levin, en una causa en la que está procesado por los secuestros y torturas de 17 personas que en 1976 trabajaban en la empresa de transporte La Veloz del Norte, que por entonces era de propiedad del empresario.
Con los votos de la jueza Mariana Catalano y el juez Ernesto Solá, y la oposición del juez Alejandro Castellanos, la Cámara Federal de Salta declaró admisibles recursos de casación interpuestos por las defensas de Levin, los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Enrique Víctor Cardozo, y el civil José Antonio Grueso en contra de la confirmación del procesamiento dictada a fines de julio pasado por este mismo tribunal.
Por su parte la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación criticó esta decisión del tribunal federal salteño por entender que «va en contra de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2018» y «se vuelve a frenar la causa que investiga a Marcos Levin, dueño de la Veloz del Norte, por secuestros y torturas a trabajadores».
La Secretaría recordó que en 2018 la Corte Suprema decidió que los hechos por los cuales se acusa a Levin debían ser investigados bajo la calificación de delitos de lesa humanidad y que correspondía la intervención de la Justicia Federal.
Sostuvo que a partir de esa decisión, la causa avanzó hasta que en julio de este año la Cámara Federal de Salta confirmó el procesamiento de Levin; de Grueso, que era el jefe de personal de La Veloz del Norte, y de Almirón y Cardozo, que cumplían funciones en la Comisaría 4°, el lugar donde los trabajadores detenidos fueron alojados y sometidos a tortura en algunos casos.
«La causa ya estaba lista para ser enviada a juicio y determinar la responsabilidad en esos crímenes», afirmó la Secretaría de Derechos Humanos antes de recriminar que «Sin embargo, este martes la misma Cámara, con los votos de los jueces Ernesto Solá y Mariana Catalano, hizo lugar a un pedido de las defensas para que la Cámara Federal de Casación Penal revise el procesamiento. Se procura evitar así el juicio oral y volver a paralizar el proceso», denunció.
Y calificó como «llamativo» que cuando se trata de delitos comunes, aplicando el mismo Código Procesal Penal de la Nación, «la Justicia nunca habilita los recursos ante la Casación para revisar procesamientos que ya fueron confirmados». Y, en cambio, «En los casos de civiles acusados por crímenes de lesa humanidad, parece ser la norma».
«Tal como se hizo con Carlos Blaquier en 2013, se pretende beneficiar a Levin con una decisión arbitraria y por fuera de la ley, que provoca una demora injustificada y evitable en el juicio en su contra», insistió la Secretaría de DDHH.
Indicó que en el caso de Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, la causa en la que es investigado se frenó por 8 años, y recién en julio de este año la Corte Suprema «dijo que lo decidido por la Casación había obstaculizado indebidamente el proceso y ordenó proseguir la investigación».
La Secretaría anunció que en el caso de esta causa contra el empresario de Salta se presentará ante Casación Federal «para que declare mal concedido el recurso de casación de Levin y los otros imputados» porque «Solo así se podrá avanzar al juicio oral que las víctimas esperan hace 45 años».
La investigación de estos hechos se inició en 2008, y su trámite viene demorándose desde entonces, en una discusión sobre si son delitos de lesa humanidad (y por lo tanto, imprescriptibles) o no.
Catalano, la esposa de Javier David y hermana del juez de la Corte Catalano, aparece en la mira por otorgarle un beneficio a Levin.