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sábado, febrero 24, 2024

Con denuncias de desmontes ilegales, se debate otra vez la actualización de las categorías de la Ley de Bosques

Agrupaciones ambientalistas, sectores académicos y hace poco, hasta la misma Auditoría de la Nación, vienen hace años denunciando el incumplimiento de la Ley de Bosques Nativos, que data del año 2007. Entre esas denuncias, constan negociados del gobierno de Salta con grupos privados que se dedican al sector agropecuario.

La Ley Nacional de Bosques, que protege ciertos sectores de los desmontes ilegales en pos garantizar una protección integral de los recursos naturales, exige que cada cinco años deben actualizarse los mapas de cuáles son las áreas permitidas o aptas para hacer desmontes, y cuáles son aquellas en las que no puede haber ningún tipo de injerencia humano que cause un perjuicio a los recursos vegetales.

La realidad es que, bajo la gestión de Urtubey, la provincia no ha cumplido lo que establece la ley, y se encuentra en la mira por haber permitido y facilitado los desmontes ilegales de bosques nativos.

Para comprender en profundidad las faltas que tuvo la provincia, se deben conocer los elementos de la Ley Nacional. Entre ellos, el sistema de categorizaciones que impone tres sectores, cada uno identificado con un color: las zonas rojas del mapa son aquellas que no se pueden desmontar, ya que son zonas de altos nivel de conservación; en color amarillo se señalan las zonas que no pueden ser desmontadas, pero en las que se puede montar actividades productivas, aunque esas actividades no estén bien especificadas , y por último, las zonas de color verde, que son aquellas que sí pueden ser desmontadas, previa autorización del gobierno provincial.

Es este punto, uno de los que genera mayor controversia y uno de los que más ha violado el gobierno de Urtubey, ya que ha permitido recategorizaciones de zonas amarillas a verdes, pedidas por los dueños de las tierras, que manejan un interés económico. De esa forma, entre los años 2004 y 2015 se han desmontado más de 1,5 millones de hectáreas, una cifra gravísima.

Otro de los elementos conformatorios de la Ley de Bosques Nativos es que crea, además del OTBN (Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos) un fondo de protección, que funcionaba como incentivo para garantizar el cumplimiento de las categorías de conservación. Pero, desde Nación, ese Fondo nunca se conformó y el presupuesto ha ido cada vez más en detrimento. Es decir, que son muchos los ángulos desde donde se han desprotegido los bosques.

Pero quizás lo más escandaloso de la cuestión, es en favor de quienes se hicieron dichas violaciones a la ley. Según el informe elaborado por la Auditoría de la Nación, son una cantidad de grupos económicos, cada uno de ellos identificados, que han presionado y han hecho lobby para que las tierras se pudiesen usar a su antojo. En especial, para el monocultivo de soja y para la actividad ganadera. Entre ellos, se puede nombrar el grupo Brown-Peña (familiares del ministro Marcos Peña), la familia Macri y el grupo Cresur, todos estos integrantes de la Sociedad Rural y Prograno, que están en abierta confrontación con el gobierno provincial, que pese a que les ha concedido una gran cantidad de decretos para recategorizar tierras, no son las que consideran suficientes.

Por toda la situación, en el enero de 2018 el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, sacó una resolución que pedía el fin de la ejecución de los desmontes ilegales y ordena una reforestación de las zonas afectadas. A esa acción, la ministra Bibini, de Producción, Trabajo y Desarrollo, debió obeceder a regañadientes y suspendió los desmontes.

Pero la repercusión no sólo nacional, sino internacional que ha tenido la cuestión de los desmontes en Salta, ha obligado a que una vez más, se reúnan diversos sectores sociales para discutir acerca de la actualización del mapeo.

Todas las leyes ambientales son protectoras y progresivas, por tanto, no se puede discutir una actualización que genere un retroceso sobre los recursos naturales de la provincia.

La próxima reunión  se realizará el 23 de abril y contará con la presencia del ministro Bergman, participarán, en especial, sectores ambientalistas, académicos, profesionales, que son los mayores interesados en regularizar la situación de los bosques nativos; en contraposición a los intereses de los grupos privados, que se negaron a participar.

Desde el primer sector se afirma con énfasis que el modelo de desarrollo que se pretende instalar y que ha defendido y aplicado el gobernador Urtubey es un modelo fracasado, que no genera puestos de trabajo y atenta contra los recursos naturales.

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