La Comisión de Organismos de Control de la Convención Constituyente analizó los proyectos de reforma del artículo 169 de la Constitución Provincial, sobre la composición de la Auditoría General y el método de designación de sus miembros.
Cristina Garros Martínez propuso que la Auditoría se integre por 5 o 7 miembros, profesionales contadores, abogados e ingenieros informáticos, cuya selección esté en manos de una comisión de la Cámara de Diputados integrada por 7 miembros, 5 de los cuales deberán pertenecer al sector político que no hayan adherido a la candidatura del gobernador. La designación se hará con acuerdo del Senado, por un periodo de 5 años y sin posibilidad de reelección. El proyecto los firman Villegas, Gramaglia y Geréz.
Jorge Yampotis, planteó que la auditoría se integre con 5 miembros; 3 contadores y 2 abogados; con ejercicio rotativo de la presidencia; selección a través de un concurso público realizado por un tribunal ad hoc de 7 miembros; con duración de 5 años y sin posibilidad de reelección.
El convencional Mónico propuso que, respetando la paridad de géneros, la Auditoría tenga 5 miembros designados por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, previo concurso público de antecedentes y oposición a cargo de un jurado técnico de 5 profesionales. El acuerdo será por 6 años sin posibilidad de reelección. El proyecto lo suscriben, Fara, Martinelli; Bruna; Canchi; Nerón, Ustarez; Moyano y Escudero.
Julio Moreno anunció la presentación de un proyecto que fija en 5 el número de auditores; 2 contadores, 2 abogados y 1 ingeniero informático; elegidos por concurso público y con acuerdo dado por los dos tercios de la Asamblea Legislativa, por un periodo de 5 años y sin reelección. Como alternativa propuso la contratación de auditorías privadas a nivel internacional.
Rubén Zarzuri del FIT objetó la participación de abogados en la Auditoría, por no ser una carrera pública en Salta. Dijo que la misma debe tener 7 integrantes; 4 de ellos elegidos por los legisladores, correspondiendo 2 a la primera minoría de oposición; 1 a la segunda minoría de oposición y el restante al oficialismo; más otros 3 distribuidos, uno para la UNSa, uno para la red de Defensa de los Derechos Humanos de Salta y uno elegido por trabajadores de la propia Auditoría. El mandato propuesto es de 4 años, con posibilidad de una reelección y un sueldo igual al de director de escuela con 10 años de antigüedad.
Baltasar Lara Gros propuso que la auditoría tenga 5 miembros, tres contadores, un abogado y un ingeniero en informática, seleccionados por una comisión de la Cámara de Diputados, facultada para la instrumentación de un concurso público y con acuerdo del Senado. La duración es de 4 años, comenzando la gestión de los auditores con la del gobernador, con posibilidad de una única reelección, siendo la mayoría para la oposición y con proporcionalidad de género en la distribución. El proyecto lleva también la firma de la convencional Silvina Vargas.
Finalmente, Lazarte fundamentó la propuesta de una auditoría integrada por 5 o 7 miembros, entre abogados y contadores; seleccionados por una comisión permanente de la Cámara de Diputados y designados por el Senado, previa audiencia pública, con mandato por 9 años y sin posibilidad de reelección. El proyecto lleva las firmas de Soto, Hugo Rodríguez; Vega y Orella.