El fiscal federal Ricardo Toranzos formalizó las acusaciones contra Marcos Vera y Verónica Molina, titular del PAMI con sede en Salta. Los delitos atribuidos fueron concusión agravada (exigencia de una pago en beneficio propio), malversación de causales públicos y peculado.
La agrupación K en Salta va rumbo al banquillo de los acusados.
El caso que compromete al camporista Vera comenzó en marzo cuando una persona, que solicitó reserva sobre su identidad, «remitió a la Fiscalía distintas capturas de pantalla y audios sobre comunicaciones de Whatsapp, donde surgía que Marcos Fabio Jesús Vera Ramírez (titular de ANSeS), y Veronica Molina (titular de PAMI) solicitaban, el cobro de “aportes” a las personas designadas en las distintas dependencias del PAMI».
Otra de las líneas de investigación respondió a la utilización de los bienes donados a PAMI por parte de la Aduana, «para la realización de una campaña política». Esta conducta, explicó el fiscal, configura el delito de malversación de caudales públicos.
Todo inició cuando el coordinador ejecutivo del PAMI apareció regalando junto a candidatos de La Cámpora más de 300 electrodomésticos.
Aduanas Orán puso a disposición de la Secretaría de Presidencia de la Nación mercadería en condición de rezago, adjuntando un listado de 1.498 electrodomésticos (con un valor en plaza de 4.500.115 pesos), que a su vez dispuso su entrega a PAMI.
La Fiscalía solicitó a personal de la Policía Federal que entreviste a los destinatarios finales, algunos de quienes «reconocieron haber recibido un electrodoméstico entregado por el precandidato Fernando Ruarte».