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viernes, marzo 29, 2024

Corrupción Municipal | Otra deuda de la Justicia

Los intendentes implicados en causas judiciales por mal desempeño en su gestión ya parecen ser moneda corriente en la provincia, aunque con pocos resultados eficientes por parte de la Justicia. Desde los cuatro puntos cardinales de Salta, se acumulan las denuncias contra jefes municipales, siendo la malversación de fondos y el fraude el eje que los une.

Los dedos de una mano no alcanzan para contar los municipios que tienen intendentes involucrados con graves causas judiciales.

Aguaray acaba de ser intervenido, previa aprobación de ambas cámaras legislativas, destituyo al intendente Jorge Prado investigado por la justicia federal por el robo de caños del gasoducto NEA.

En Campo Quijano por otro lado, Manuel Cornejo, acusado de peculado y malversación de 84 millones de pesos, zafó de la prisión preventiva por decisión de la jueza Sandra Espeche, aunque se espera que la decisión sea apelada.

En el departamento de San Martín, está también con problemas el municio de General Ballivian, donde su intendente Samuel Córdoba no inició las sesiones del Concejo Deliberante. En Salvador Mazza, por su parte, el Concejo Deliberante votó por una habilitación para que le presidente de esa pueda denunciar al intendente Rubén Méndez por malversación de fondos.

Orán, una de las ciudades más importantes del norte, tiene en su haber dos intendentes urtubeycistas implicados también en causas judiciales: Julio Jalit, en Pichanal acusado de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito y la emisión de 1400 cheques irregulares; Marcelo Lara Gros, fue reemplazado por Pablo González, y se le pidió una auditoría que al día de hoy no avanza.

Fernando Almeda en Cafayate que gobierna desde 2011 quedó involucrado en una causa por malversación de fondos, de la que está acusado principalmente uno de sus funcionarios, que debió renunciar tras conocerse los hechos. Cerca de Cafayate, en San Carlos, el Concejo Deliberante aprobó el juicio político al intendente Héctor Vargas por casi 20 denuncias por irregularidades en el manejo de fondos públicos.

En Rosario de Lerma, la situación parece ser más compleja: con un quiebre en el Concejo, existe una denuncia de asociación ilícita entre el diputado Ignacio Jarsún, exintendente, y el actual jefe municipal, Enrique Martínez.

En ninguno de los casos, las causas han llegado a dictar sentencia para los imputados, ni mucho menos. Siguen enquistados en sus intendencias, y en el caso de quienes han debido abandonarlas por la presión del Concejo, continúan impunes.

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