El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria rechazó “de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La designación en la categoría ‘en comisión’ y por decreto, fue definida como “una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”.
A través de un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”, la bancada que conduce José Mayans señaló que “una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes, y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”.
“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, recordaron sobre la nota que le entregaron en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de una sesión informativa.
Los senadores de UP insistieron que “esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”.
En el final, expresaron que “es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”.
El instrumento
Javier Milei designó este miércoles a través del decreto que lleva el número 137/2025 a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El texto apareció publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que “existen dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que requieren ser cubiertas sin demora”.
Las mismas corresponden a las renuncias de Elena Inés Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ante lo cual en el decreto se invoca el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por el cual el presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.
En la tarde de este martes, un comunicado difundido por la Oficina del Presidente informó que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.
Se agregaba allí que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.