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domingo, febrero 25, 2024

Desmontes: la provincia pretende sellar acuerdo inconstitucional con productores

Por el conflicto tras los desmontes suspendidos en 32 fincas de la provincia, el lunes pasado vino el ministro de ambiente nacional, Sergio Bergman, y participó de una reunión privada con las entidades rurales y el gobierno provincial. De la reunión surgió un acta compromiso, por la cual la Provincia se comprometió a resolver este conflicto en un plazo de 30 días.

Según surge del parte de prensa oficial, en estos 30 días la provincia deberá analizar “caso por caso”, si los permisos de desmontes se realizaron respetando la normativa nacional. Pero el acta compromiso se parece más una puesta en escena, ya que luego de la reunión, los representantes de estas entidades rurales se mostraron muy satisfechos, y consideraron que la suspensión de los desmontes va a quedar sin efecto.

Para entender bien este conflicto hay que recordar que comenzó en enero de este año, con una resolución del ministro Bergman, que declaró ilegales los desmontes autorizados por el mecanismo de re-categorización, y pidió a la provincia la suspensión de los desmontes en curso y la reforestación sobre los ya producidos. Por esta resolución, la provincia suspendió los desmontes provisoriamente.

Por estos antecedentes, lo que estaba en discusión, era si la provincia resolvía dejar sin efecto esta suspensión, o, realizaba alguna actividad que persiguiera anularlos definitivamente, y por otro lado, qué iba a pasar con los desmontes concretados en más de 40 mil hectáreas.

La opinión de un notable en la materia  

En dialogo con Opinorte, el abogado Luis Segovia, dijo que la potestad para resolver este conflicto es provincial, pero dentro de la Provincia no es el Poder Ejecutivo el que tiene que resolverlo.

“No olvidemos, que estamos ante un conflicto de resoluciones que han sido dictadas por el Poder Ejecutivo. Por lo  tanto, ¿el mismo Poder Ejecutivo ahora va a ser juez y parte de este conflicto? En mi opinión el órgano natural por el cual se deben resolver este tipo de conflictos, es el Poder Judicial. La judicialización de este caso, que tanto la Nación como la Provincia pretenden evitar es el único camino, ya que existen intereses totalmente contrarios, el interés público es sobresaliente, y la provincia ya ha demostrado que no los puede proteger”, afirmó.

Además el especialista en temas ambientales, señaló: “Por otro lado, ya que las únicas opciones que existen son la de dejar sin efecto la suspensión o avanzar en la anulación, hay que tener en cuenta que la anulación de estos permisos es una actividad que no la puede realizar el Poder Ejecutivo por sí mismo, es decir, no se puede anular una resolución con otra resolución, porque esta resolución ha generado intereses en estos particulares. Esto confirma, que el único camino que tiene el Ejecutivo es el de iniciar las acciones judiciales de lesividad”.

“Por otro lado, debemos prestar atención a la naturaleza de esta discusión. Si la Provincia a través de resoluciones locales ha contrariado leyes nacionales de orden público, ¿por qué se están poniendo en análisis elementos que no tienen relación con este conflicto? Por un lado, el interés económico no puede estar nunca por encima del respeto de una ley nacional, que es nada más y nada menos que una ley de presupuestos mínimos, cuyo principio de progresividad indica que la provincia no podía ir para atrás en la protección que se le daba a los bosques nativos. En los hechos lo hicieron, con resoluciones que quisieron hacer pasar por legales lo que era inconstitucional”. 

“Hay aspectos económicos y técnicos que no se deben considerar, la ley es la ley. Si una cierta área que no tenía en ese momento los criterios para ser un área de alta protección quedó en esa área de protección, es definitivo. Como se dice en la jerga, “lo lamento”.  Los intereses públicos son muy superiores a los intereses particulares. No puede un empresario pretender voltear una ley nacional”.

Para finalizar dijo: “Por último, está en discusión qué va pasar con las áreas desmontadas. Aquí tenemos que tener en cuenta que Bibini concurrió la semana pasada a la Cámara de Diputados a dar información acerca de lo que estaba ocurriendo en el marco del OTBN. Allí informó que la Provincia no va a ordenar la reforestación sobre los desmontes ya producidos. Por esas áreas afectadas, lo que pretenden hacer, es que los productores realicen una compensación en otro lugar. Es realmente nefasto que se diga eso, que declaren que no van a cumplir las leyes, y que lo estén diciendo frente a otro poder del Estado. Por si no les queda claro, el artículo 41 de la Constitución Nacional indica que el deber de recomposición es el que está primero, es decir, corresponde reforestar. La compensación es lo último que se prevé, y solo es cuando un daño ambiental ya es irreversible. Por más que sea económicamente inviable para los productores recuperar esos campos, es lo que corresponde por la Constitución Nacional. Es un principio político que se ha establecido para cuidar el ambiente. La ministra Bibini, ya está diciendo que no lo van a hacer, están alentando una política criminal de estos productores, que se sienten realmente protegidos por un Ejecutivo provincial que les permite avanzar”.

 

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