El escándalo inmobiliario ocurrido durante la intendencia de Miguel Isa, cuyas dimensiones pueden ser peligrosas, tiene a uno de sus principales hombres al borde del abismo y salpica a otros tantos que se encuentran bajo sospecha por irregularidades en edificios del centro de Salta.
Raul Kalisnky formó parte de la cuestionada estructura armada por “el turco” Isa, que tuvo múltiples aristas pero que se destacó por un aceitado método para desarrollar el negocio inmobiliario a como dé lugar. Algo que seguramente aprendió de sus años como secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Carlos Grosso, intendente porteño designado por Menem en 1989, y uno de los impulsores de la creación de Puerto Madero.
La hipótesis judicial así lo señala: existió un grupo de funcionarios que violaron los códigos y normas para la construcción de manera irregular. Y entre los principales procesados se encuentra Kalisnsky, quien camina por la cornisa y puede ir a juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público en al menos siete hechos.
Quien encabeza esta organización de nueve exfuncionarios municipales procesados por la construcción ilegal de edificios es sin duda Kalisnky, sindicado como ideólogo de dos comisiones que «se crearon para autorizar -violando los códigos y normas en vigencia- la construcción de más de 300 edificios en propiedad horizontal en el radio céntrico, con el solo fin del negocio inmobiliario». Así lo señalaron ya en 2009 desde la Asociación de Vecinos del Área Centro, coordinada por la Red Sol, asociación liderada por María Elena Jimenez, madre del Coordinador de Gobierno, Pablo Outes.
Puntualmente, aluden a la Comisión de Análisis de Situaciones Atípicas (CASA), creada por decreto municipal en 2005. De la misma formaron parte el arquitecto Pablo Brandán Valy y la ingeniera Laura García de Leonarduzzi, ambos también procesados.
Otra es la Comisión Asesora Técnica (CAT), creada mediante Ordenanza en 2006 con representantes de la Dirección General de Planeamiento Urbano, el Concejo Deliberante, el Colegio de Arquitectos y el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Profesiones Afines (Copaipa).
El arquitecto Kalinsky ocupó el cargo de secretario de Planificación y Desarrollo municipal entre junio de 2005 y septiembre de 2009, precisamente el lapso de tiempo en el cual se crearon ambas comisiones que no controlaron debidamente lo que tenían que controlar o simplemente hicieron la vista gorda para que los negociados inmobiliarios avanzaran en el centro salteño, perjudicando a miles de personas que vieron comprometidas tanto las cloacas como las alcantarillas del centro, ni qué decir el acceso a otros servicios básicos como el agua.
Se habla de medio centenar de edificios en el centro y macrocentro de Salta. La lista incluye construcciones sobre calles Deán Funes, Pueyrredón, Ameghino, Almirante Brown, Santiago del Estero, Buenos Aires, Leguizamón, Santa Fe, Caseros, España, General Guemes, Sarmiento, Virrey Toledo, Córdoba, San Luis, Alvarado, Corrientes, Pellegrini, 25 de Mayo, Belgrano, Adolfo Güemes y Juramento.
Luego de 13 años de aquella denuncia vecinal impulsada por Red Sol, la jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio de Salta, Mónica Mukdsy, concluyó que el exsecretario de Planeamiento y Desarrollo municipal Kalinsky favoreció a las empresas que construyeron algunos de los edificios con excepciones que dictó en abierta contradicción con las ordenanzas que establecen los códigos de Edificación y Planeamiento, y con atribuciones que son propias del Concejo.
Así también, Víctor Marcelo Amado, exdirector general de Fiscalización de Obras Civiles, terminó sobreseído de incumplimiento de deberes, pero fue procesado por presunta falsificación de documento público. Carlos Marcelo Cesano, quien ocupó el cargo de director de Obras Particulares en 2003, quedó procesado por incumplimiento de deberes.
Y la jueza Mónica Mukdsy también amplió los procesamientos por incumplimiento de deberes para José Erasmo Pistán, Laura García de Leonarduzzi y Brandán Valy. Entre los nuevos procesados se cuentan dos exfuncionarias consideradas como presuntas partícipes necesarias de incumplimiento de deberes: María Jimena Cuello y María Pía Ruiz de los Llanos.