El gobernador decidió proteger a sus más cuestionados funcionarios, a pesar de las graves denuncias que pesan sobre Sergio Chibán, de la Agencia de Deportes, y Gladys Sánchez, del IPS.
La gestión de Gustavo Sáenz quedó bajo fuego tras su decisión de no mover un solo peón en el gabinete, aún cuando dos de sus funcionarios están envueltos en escándalos que sacuden a la administración provincial. Lejos de tomar medidas, el gobernador eligió mirar para otro lado y proteger a sus alfiles, despertando fuertes críticas por su silencio y pasividad.
Sergio Chibán, presidente de la Agencia de Deportes, tiene una causa abierta por coacción en el manejo de subsidios al vóley. Junto al técnico de Salta Voley, Marcos Milinkovic, no pueden acerarse a las mujeres que denunciaron violencia y coacción para ceder $90 millones de subsidios estatales. Las sospechas de desvío de dinero público golpean la credibilidad del organismo, pero desde Casa de Gobierno no hay ni una advertencia.
Gladys Sánchez, extitular del IPS, tampoco queda al margen del escándalo. Bajo su gestión, el instituto acumula denuncias por prestaciones suspendidas, compras poco transparentes y un creciente descontento de los afiliados. Los pacientes reclaman por servicios médicos esenciales mientras Sánchez, pese a haber sido desplazada en primera instancia, se mantiene firme en el organismo (el gobierno la volvió a nombrar) sin que nadie le pida explicaciones.
Lejos de actuar, Sáenz optó por blindar a sus funcionarios, incluso cuando el costo político empieza a ser inocultable. La falta de decisiones empieza a horadar su imagen de liderazgo firme.
Dentro del oficialismo hay malestar por parte de algunos dirigentes, aunque por ahora se mantienen solo protestando por lo bajo. Sáenz apuesta a la estabilidad interna, aunque sea al precio de sostener a funcionarios cuestionados.
En este contexto, la inacción del gobernador deja una señal clara: en el gobierno de Sáenz, la impunidad tiene banca oficial.