Con apagones en el norte, falta de agua y desinversión en toda la provincia y tras el duro impacto de la pandemia en una provincia empobrecida como Salta, el ENRESP analiza los incrementos solicitados por EDESA y Aguas del Norte.
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos explicó el criterio con el que se tratarán los pedidos de incrementos tarifarios a analizarse la en audiencias públicas.
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Humberto Saravia, se refirió al mecanismo y criterio con el cual el organismo tratará los pedidos de incremento tarifarios, solicitados por las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y agua potable.
Explicó que el procedimiento marca la realización de audiencias públicas no vinculantes, que se concretarán de modo remoto este martes y miércoles para los servicios de energía eléctrica y de agua potable respectivamente.
En el caso del servicio eléctrico el incremento solicitado es de 35% y en lo que respecta al agua se trata de una revisión tarifaria integral que se hace cada 3 años, por lo que a priori no se maneja un porcentaje específico.
En ese sentido, el funcionario dijo que, luego de escuchar las ponencias de las audiencias, “se trabajará sobre un criterio que lleve a que los porcentajes de aumento sean compatibles con los ingresos de los consumidores”.
Aclaró que en el caso del agua el último aumento fue del orden del 30% y data de julio del año 2019 durante la gestión anterior y en el caso de la energía eléctrica fue del 21,78% en enero de 2021.
Explicó que para el caso del agua se contrató una consultoría a cargo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), referido a eficiencia del servicio, Plan de Expansión y Mejoras, contabilidad reglamentaria y necesidad de avanzar con la macro y micro medición.
Reiteró que la decisión sobre el porcentaje de incremento atenderá a tres grandes criterios, que son la capacidad económica de los usuarios, la eficiencia del servicio y el dinero que se necesita para nuevas inversiones.
También dijo que se trabaja en la reformulación del régimen de subsidios, de manera de dirigirlos hacia quienes realmente lo necesitan y habiendo desafectado en esta etapa a 559 instituciones entre clubes, inmuebles del clero y colegios católicos.
Saravia confirmó además que EDESA reclama el pago de dos mil millones de pesos como consecuencia del congelamiento tarifario, trabajándose en la búsqueda de un acuerdo que ronde los 440 millones. Estimó que en la provincia hay unos 12.500 “colgados”, que llevaron a recurrir ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y que se avanzó con la creación de un “Consejo de Usuarios” y se sigue impulsando la integración de una “Mesa de Servicios”.