Denise Viñabal tenía 27 años y dos hijas. Fue a una mediación en Chicoana y terminó asesinada a tiros por su expareja, un efectivo de la Policía. El ministro de Seguridad se justificó con que no había denuncias contra el femicida.
El crimen ocurrió el jueves, alrededor de las 14, en el Centro de Mediación de Chicoana, donde Denise había concurrido para resolver un conflicto vinculado con la cuota alimentaria de sus hijas. Allí se encontró con Carlos Enrique Pascal, un cabo de 32 años que prestaba servicios en la ciudad de Salta. Según la reconstrucción preliminar, mientras aguardaban para ingresar a la audiencia se produjo una discusión y el policía sacó un arma y le disparó. Después escapó del lugar.
Horas más tarde, Pascal fue encontrado gravemente herido en una zona descampada y murió durante el traslado al hospital. La investigación quedó en manos de la Unidad de Femicidios, que intenta reconstruir las circunstancias del crimen.
Pero más allá de la investigación judicial, hay una responsabilidad institucional que no puede quedar al margen. El hombre que asesinó a Denise era integrante de la Policía de Salta y habría utilizado su arma reglamentaria para cometer el femicidio. No se trata de un detalle: el Estado le entrega armamento y responsabilidades de seguridad a personas que, precisamente, deben garantizar la protección de la sociedad.
El ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, salió a explicar que Pascal no tenía denuncias registradas por violencia de género. «No tenía ningún antecedente complejo. Era una persona que se desempeñaba bien en su trabajo. No tenía registrada ninguna denuncia por violencia de género. Eso yo lo hice chequear, no había ninguna denuncia. La verdad que fue todo sorpresivo», sostuvo ante El Tribuno.
El funcionario agregó que, de haber existido una denuncia, se habría aplicado un protocolo para apartar al efectivo y retirarle el arma reglamentaria. «Si hubiese habido un antecedente de denuncias vinculado a algún tipo de violencia o lo que sea, nosotros inmediatamente aplicamos el protocolo, entra en un proceso, se lo aparta hasta que se investiga y se le retiene el arma», afirmó.
¿la protección de las mujeres depende exclusivamente de que exista una denuncia formal? Que no haya antecedentes registrados no puede convertirse en una respuesta suficiente cuando un integrante de la fuerza termina asesinando a su expareja. El Estado también debe explicar qué controles realiza sobre quienes tienen en su poder armas de fuego, qué mecanismos de prevención aplica y cómo evalúa situaciones de riesgo que no necesariamente llegan a un expediente judicial.
Denise había concurrido a una dependencia pública para resolver un conflicto familiar. No estaba en un lugar clandestino ni en una situación ajena a las instituciones: estaba participando de una instancia de mediación. Su expareja era policía, tenía un arma y terminó utilizándola contra ella. Mientras el Gobierno explica que no había denuncias, dos niñas quedaron sin su madre y otra vez la discusión sobre la responsabilidad del Estado aparece cuando ya es demasiado tarde.
