Un interesante debate se dio en la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, durante el tratamiento del proyecto de ley que modifica el Procedimiento Participativo de la Ciudadanía, para la designación de jueces de la Corte de Justicia.
Si bien es cierto el proceso participativo se implementa en Salta desde 2008, lo que tiene a partir de diciembre de 2021 es rango constitucional. De allí que el Senado aprobó a principios de marzo un proyecto de ley en el que establece que es el Ministerio de Seguridad y Justicia y ya no el de Gobierno, el que coordine la participación ciudadana, como así también la posibilidad de que los postulados por el Gobernador puedan responder eventuales impugnaciones.
Durante el tratamiento del proyecto de ley en revisión, la diputada y presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, dijo que con la reforma no sólo se limitó un solo período de diez años, sino que también se estableció la participación ciudadana.
“Hay un artículo que plantea cuales son las instituciones que pueden participar, en primer lugar los ciudadanos en general, las ONG, los Colegios y Asociaciones Profesionales, las entidades académicas y de Derechos Humanos podrán observar la postulación en un plazo de 15 días”, dijo la legisladora.
Además, Villamayor fijó una posición respecto a los planteos sobre jueces populares, elegidos directamente por la ciudadanía. Dijo que no comparte ello porque “el juez perdería su independencia porque para poder ser votado por la ciudadanía de manera tiene que hacerlo desde un partido político, con lo cual se afectaría la independencia que debe tener aquella persona que debe impartir justicia”.
Más allá de esa consideración teórica, la independencia política de los jueces de Corte tampoco está garantizada por un sistema en el que el Gobernador propone los nombres. Recordemos que el hasta hace poco presidente de la Corte, Guillermo Catalano, al momento de ser propuesto era Secretario Legislativo del Senado y abogado apoderado del Partido Justicialista.
El diputado Roque Cornejo firmó a un dictamen de minoría planteando que el procedimiento de participación no puede estar en manos del Poder Ejecutivo (a través en este caso del ministerio de Seguridad y Justicia), teniendo en cuenta que este poder es el que postula al juez o la jueza de Corte.
“He solicitado la inclusión de una comisión ad hoc conformada por cuatro senadores y he encontrado una propuesta superadora y consiste en que esa comisión esté también integrada por los representantes directos del pueblo, es decir los diputados”, indicó Cornejo. Su compañera de bancada, Cristina Fiore, cuestionó que se haya retirado la obligación de que las asociaciones profesionales fijen postura sobre los propuestos para la Corte.
Finalmente, el dictamen minoritario no prosperó y la iniciativa se aprobó con modificaciones de forma y volvió al Senado en revisión.