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La normativa impulsa un régimen de fomento para la infraestructura minera, el trabajo local, apoyo a proveedores y estabilidad fiscal municipal.

“Desde el Gobierno de Salta promovemos el desarrollo de obras de infraestructura vial, ferroviaria, de comunicación, energéticas y sociales de utilidad pública y ambientalmente sustentables, impulsando de esta manera la generación de oportunidades de trabajo y el desarrollo de la región”, señaló Sáenz.

El beneficio consiste en un mecanismo de compensación del porcentaje del costo de la obra que se ha declarado de beneficio público, con las regalías mineras a su cargo, en el porcentaje y en las condiciones que se determinen para cada caso concreto.

En la reglamentación se incluyó los sectores vinculados a la actividad minera quienes participaron en la selección de los proyectos y la determinación del porcentaje de beneficio público, incluyendo también a las comunidades originarias del lugar y al municipio de las obras.

Se prevé la posibilidad que la Empresa de Recursos Mineros y Energéticos de Salta Sociedad Anónima, en su calidad de entidad dotada de competencia específica en asuntos mineros en el ámbito provincial, por sí misma o asociada a terceros, pueda proponer proyectos que considere de interés para el desarrollo de la actividad minera.

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